A través de Transparencia, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) reveló que las Áreas Silvestres Protegidas del país están siendo objeto de una serie de daños perpetrados por turistas, tendencia que además va al alza.

Si en 2012 se registraron tres casos de daños, la cifra se disparó a ochenta y tres en 2017, con cincuenta y nueve incidentes en lo que va de 2018.

En primer lugar quedó el Parque Nacional Pan de Azúcar, región de Atacama, con cincuenta y cinco denuncias, seguido del Radal de las Siete Tazas, en El Maule; y la Reserva Nacional Río Los Cipreses, en O’Higgins; con 40 y 32 daños registrados, respectivamente.

En conversación con diario El Mercurio, el director regional (s) del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de Atacama, Ricardo Curiqueo, aseguró que a su juicio es importante que “este vandalismo” sea denunciado ya que afectan “no solo la imagen de los atractivos de una región, si no que a los frágiles ecosistemas que albergan las áreas protegidas”.

Los perjuicios en estas zonas también se hacen sentir en el norte, zona en la cual, por ejemplo, afectan a la Portada de Arica, confirmó el jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de Conaf, Felipe González.

“Hay un mayor acceso actualmente a los parques nacionales y también mayores riesgos”, dijo.

En línea con lo anterior, el guía turístico de la región de Aysén, Francisco Croxatto, concordó con lo expuesto por González.

“Hay un mayor porcentaje de chilenos que no actúa ambientalmente de manera correcta (…). Se está viendo mucha basura, sobre todo a la orilla de la Carretera Austral”, lamentó.

Principales daños

Desde Conaf indicaron que los principales daños cometidos por personas derivan del fuego, caza y tala ilegal de árboles, incidentes que dispararon el porcentaje de expulsiones en un 1.500% en los últimos cinco años.

Para subsanar lo anterior, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, mencionó que la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas “permitiría corregir vacíos”.

“Por una lado, la vía actual nos define a nosotros como quienes tienen la supervigilancia de las áreas protegidas, pero no tenemos la administración de las mismas”, aclaró la secretaria de Estado.