El Tribunal Constitucional rechazó durante la mañana de este martes el artículo 63 que prohibía a controladores con fines de lucro en las universidades, tras realizar el respectivo control de legalidad de la Ley de Educación Superior.
En concreto, habría declarado inconstitucional dicho punto por 6 votos contra 4, permitiendo así a las universidades incluir sostenedores con fines de lucro.
Dicha punto concentró la controversia respecto de la iniciativa, por lo que una serie de parlamentarios de oposición salieron a rechazar la medida en Twitter.
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Imediatamente rechazó la determinación el senador Felipe Harboe (PPD), así como también lo afirmó el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), y uno de los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, Jaime Quintana (PPD).
Me informan que TC declaró inconstitucional prohibición del lucro en controladores de educación superior. Presidente @sebastianpinera si quiere acuerdos partamos por reformar el TC y evitar siga afectando las instituciones democráticas
— Felipe Harboe B (@felipeharboe) March 27, 2018
Como vemos, incluso la dictadura más neoliberal del continente estableció que las Universidades no pueden lucrar. Quienes recurrieron al TC -y el mismo TC si se llegara a caer el art. 63- se ubican ideológicamente aún más al extremo que el propio Pinochet. Francamente increíble.
— Jaime Quintana (@senadorquintana) March 27, 2018
La determinación fue confirmada por el propio TC a través de un comunicado, donde reveló que aprobó “por mayoría de votos, la conformidad a la Constitución de la generalidad de sus disposiciones, en especial lo relativo al régimen de gratuidad de la educación superior y su financiamiento”.
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Pero, al mismo tiempo, acordaron “declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades”.
En tanto, la sentencia definitiva será expedida y notificada a los órganos colegisladores a más tardar el 26 de abril próximo, dentro de los plazos establecidos por la ley.
De este modo rindió sus frutos el recurso presentado por la Corporación de Universidades Privadas, encabezado por la exrectora de la Universidad de Las Américas, Pilar Armanet (PPD).
Dicha situación también generó polémica al interior del PPD, debido a que por dicha acción algunos militantes de la colectividad pidieron que la exvocera de Bachelet -en su primer mandato- sea expulsada del partido.
