Nacional
Lunes 05 marzo de 2018 | Publicado a las 22:31 · Actualizado a las 12:40
Las cartas de la Contraloría en su pugna con la Corte Suprema por las pensiones de la DGAC
Publicado por: Juan Pablo Figueroa
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Durante la ma√Īana de este martes 6 de marzo, el pleno del Senado resolver√° definitivamente una pelea que lleva en curso m√°s de un a√Īo y que enfrenta a dos poderosas entidades del Estado: por un lado, la Contralor√≠a General de Rep√ļblica (CGR); por el otro, el Poder Judicial. Ambas instituciones se encuentran enfrascadas en una disputa sobre cu√°l tiene reales atribuciones para definir el r√©gimen previsional de 1.331 funcionarios de la Direcci√≥n General de Aeron√°utica Civil (DGAC), los que exigen ser traspasados desde el sistema de capitalizaci√≥n individual que funciona a trav√©s de las AFP hacia el que rige para los funcionarios de las Fuerzas Armadas, un sistema privilegiado que es administrado por la Caja de Previsi√≥n de la Defensa Nacional (Capredena) y que se paga en 90% con recursos del Estado.

Los trabajadores de planta y a contrata fundamentan su reclamo en que a pesar de ser civiles, la Ley Org√°nica de la DGAC establece que ‚Äúpara todos los efectos legales, (tienen) la calidad de Empleado Civil de las Fuerzas Armadas‚ÄĚ, por lo que se encuentran sujetos a todas sus disposiciones sobre remuneraciones. Aferrados a eso, y para que se les reconozca el derecho a ser parte del sistema previsional que rige para el personal del Ej√©rcito, la Marina y la Fuerza A√©rea, es que acudieron en 2012 a la justicia, ante el 29¬į Juzgado Civil de Santiago, que cuatro a√Īos despu√©s fall√≥ en primera instancia en su contra.

La causa lleg√≥ a la Corte de Apelaciones y ah√≠ sufri√≥ un vuelco: su sentencia aprob√≥ el cambio de r√©gimen. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) present√≥ en agosto de 2016 un recurso para anular ese fallo ante la Corte Suprema. Y fue poco despu√©s de eso que la CGR, encabezada por el contralor Jorge Berm√ļdez, tom√≥ un rol activo en el proceso, ya que a su juicio, definir sobre asuntos previsionales de empleados fiscales es materia de su exclusiva competencia, por lo que la justicia civil no tendr√≠a atribuciones para decidir al respecto.

Con esa l√≥gica fue que Berm√ļdez recurri√≥ en diciembre de ese mismo a√Īo al Senado para exigir ‚Äúuna contienda de competencias‚ÄĚ, una figura que establece la Constituci√≥n en que se define que la C√°mara Alta tendr√° el rol de dirimir ante el cruce de atribuciones de las autoridades pol√≠ticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. Para el contralor general, el problema parti√≥ desde el minuto en que el tribunal de primera instancia acogi√≥ la denuncia de los funcionarios sobre una materia que constitucional y legalmente le corresponde a la entidad que √©l dirige. Lo consider√≥ ‚Äúuna intromisi√≥n en atribuciones‚ÄĚ.

‚ÄúLo solicitado por los demandantes en dicho juicio es que un √≥rgano jurisdiccional interprete la norma administrativa de pensiones en un sentido determinado, que se traduce en que ellos gozar√≠an un r√©gimen previsional que no les corresponde‚ÄĚ, se√Īal√≥ el contralor en la carta que envi√≥ al entonces presidente del Senado, el senador Ricardo Lagos Webber.

Ha pasado m√°s de un a√Īo desde esa presentaci√≥n en el Congreso, y despu√©s de sucesivas sesiones de la Comisi√≥n de Constituci√≥n del Senado, donde representantes de la CGR, la Corte Suprema, los trabajadores y otros expertos entregaron argumentos a favor y en contra del requerimiento de los funcionarios de la DGAC, el proceso est√° por llegar a su fin. Todo estar√° en manos de los parlamentarios que participen en el pleno de la sala este martes 6 de marzo a partir de las 11:00.

Mientras ha transcurrido ese proceso, se han presentado diversos conflictos de interés por los que ya dos ministros de la Corte Suprema se han tenido que inhabilitar. Uno de ellos fue Hugo Dolmetsch, debido a que su hija, quien es parte de la demanda, y su yerno, son funcionarios de planta de la DGAC. Dolmetsch, sin embargo, alcanzó a dictar cuatro resoluciones, entre ellas, la reasignación de la causa desde la Tercera a la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que ve asuntos laborales. Aquello, dice una fuente del Poder Judicial, va en contra de un auto acordado dictado por el mismo tribunal, el cual establecía que era la Tercera Sala la que debía pronunciarse, pues cuenta con competencia en reclamaciones constitucionales y sobre actos de las autoridades políticas y administrativas.

El otro ministro es Milton Juica, quien tiene a dos sobrinos trabajando en la misma entidad. Ninguno de ellos figura entre quienes iniciaron las acciones legales, pero s√≠ en una anterior y de similares caracter√≠sticas ante el Tribunal Constitucional (TC). Hoy la representaci√≥n de la Corte Suprema en esta materia la tiene el ministro Sergio Mu√Īoz.

Seg√ļn la CGR, si el resultado les resulta desfavorable, no s√≥lo el Estado tendr√° que invertir cientos de miles de millones de pesos al a√Īo para cubrir las pensiones de esos poco m√°s de 1.331 funcionarios que acudieron a la justicia, sino que adem√°s la puerta quedar√° abierta para que empleados de otras entidades similares reclamen lo mismo, lo que implicar√≠a un explosivo aumento del gasto fiscal en materia previsional.

Sergio Mu√Īoz | David von Blohn/AgenciaUNO
Sergio Mu√Īoz | David von Blohn/AgenciaUNO

Los argumentos del contralor

El art√≠culo 4¬į del C√≥digo Org√°nico de Tribunales le da la raz√≥n a Berm√ļdez en la disputa. Dicho art√≠culo se√Īala que “est√° prohibido al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes p√ļblicos y en general ejercer otras funciones que las determinadas en los art√≠culos precedentes”.

El contralor, en tanto, ha sostenido ante los senadores que la Ley Org√°nica de la CGR, en su art√≠culo 6¬į, se√Īala que es su atribuci√≥n exclusiva informar y pronunciarse sobre ‚Äúderechos a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montep√≠os, o cualquier otro asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversi√≥n o compromiso de los fondos fiscales‚ÄĚ.

Y en esta materia, los recursos p√ļblicos involucrados son pieza clave.

De acuerdo a la informaci√≥n que la CGR entreg√≥ al Senado, la Ley de Presupuestos destina anualmente al sistema previsional de las FF.AA. y Carabineros -a trav√©s de Capredena y Dipreca- m√°s de $2.072.268 millones, es decir, m√°s de dos billones de pesos. Si el Senado decide que los fallos judiciales son v√°lidos y se traslada a los funcionarios de la DGAC al sistema previsional de reparto, ese monto aumentar√≠a en unos $123.000 millones al a√Īo, inversi√≥n que equivaldr√≠a a la construcci√≥n de siete hospitales de mediana complejidad, como el de Casablanca.

Eso, en teor√≠a, ser√≠a s√≥lo el inicio. La CGR ha se√Īalado que si se acoge el requerimiento de los trabajadores aeron√°uticos, empleados de otras entidades similares podr√≠an solicitar ser incorporados a ese sistema previsional. En sus presentaciones, han mencionado a los funcionarios de la empresa p√ļblica que presta servicios de astilleros y maestranza a la Armada, ASMAR; de la que fabrica y provee de armas al Ej√©rcito, FAMAE; y de la Empresa Nacional de Aeron√°utica de Chile, ENAER. De hecho, funcionarios civiles de ENAER y del Hospital Naval de Valpara√≠so ya han presentado acciones similares.

En total, ser√≠an unos 3.594 trabajadores nuevos incluidos a Capredena, lo que aumentar√≠a el gasto en $457.000 millones al a√Īo. Es decir, casi el 70% de lo que le cost√≥ al Estado la gratuidad de la educaci√≥n superior durante 2017.

Ese √ļltimo monto no considera a los funcionarios civiles del Ministerio de Defensa, de la Direcci√≥n General de Movilizaci√≥n Nacional (DGMN), la Direcci√≥n General del Territorio Mar√≠timo y de Marina (DIRECTEMAR), el Servicio Oce√°nico e Hidrogr√°fico de la Armada (SHOA) u de otros organismos que tambi√©n soliciten acogerse a ese sistema.

En todo caso, los argumentos de la CGR no son sólo económicos, sino también legales.

Berm√ļdez ha se√Īalado que para los organismos p√ļblicos bajo sus fiscalizaci√≥n y supervisi√≥n, sus dict√°menes son obligatorios. Respecto a la pertinencia y legalidad de cambiar el sistema previsional a funcionarios de la DGAC, hay varios de ellos en distintos a√Īos: en 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2014 y 2016. Todos rechazan el traspaso ampar√°ndose en que los funcionarios que ingresaron a la DGAC despu√©s de haber entrado en vigencia la Ley 18.458, que estableci√≥ el r√©gimen de pensiones para el personal de la Defensa Nacional, no pueden ser imponentes de Capredena, salvo unas pocas excepciones all√≠ se√Īaladas.

Una fuente que conoce el fondo de la disputa explica que no es que no se puedan impugnar las decisiones de la Contralor√≠a. Lo que sucede es que nunca se recurri√≥ contra dichos dict√°menes. La misma fuente agrega que se pretende, sin que exista en el ordenamiento jur√≠dico ni una controversia particular, una ‚Äúdeclaraci√≥n de mera certeza‚ÄĚ, pidiendo a los tribunales un pronunciamiento general y abstracto, eludiendo una competencia de car√°cter exclusivo de la CGR.

La ley 18.458, en tanto, establece que los funcionarios que ingresaron a la DGAC despu√©s de su entrada en vigencia, en noviembre de 1985, cotizar√°n en Capredena, salvo que se encontrasen en alguna de las situaciones de excepci√≥n que establece su art√≠culo 1¬į. Dicho art√≠culo plantea que ese r√©gimen previsional comprende exclusivamente al personal de planta de las Fuerzas Armadas, el que se clasifica en Oficiales, Cuadro Permanente y Gente de Mar y Empleados Civiles, entre los cuales, no est√°n los funcionarios de la DGAC.

Por todo lo anterior es que la CGR sostuvo ante el Senado que es ‚Äúimprocedente que ambas cortes se hayan abocado al conocimiento de los asuntos vinculados‚ÄĚ y que ser√≠a inconstitucional que no se respeten sus atribuciones y competencias. Y sobre eso √ļltimo ya hay antecedentes concretos.

La jurisprudencia del TC

Poco antes de que la CGR recurriera al Senado, present√≥ un recurso en contra del 29¬į Juzgado Civil de Santiago en el Tribunal Constitucional. Los alegatos se presentaron el 4 de enero de 2017 y d√≠as despu√©s se emiti√≥ una sentencia favorable para el organismo que encabeza Berm√ļdez (ver sentencia).

No se trataba de la causa que involucraba a los 1.331 funcionarios de la DGAC, sino que a otra que H√©ctor Rodr√≠guez, el mismo abogado que los representa, present√≥ durante 2016 en nombre de otros 869 empleados de la misma entidad para ‚Äúponer t√©rmino a una situaci√≥n de incertidumbre jur√≠dica‚ÄĚ.

La sentencia del TC reconoce que existe ‚Äúuna normativa clara y precisa en lo relativo a quienes se encuentran afiliados al r√©gimen previsional de la Fuerzas Armadas: s√≥lo el personal del Ej√©rcito, la Armada y la Fuerza A√©rea (‚Ķ) Incorporar otra clase de personal a dicho r√©gimen, entra√Īa modificar esa normativa, lo cual exige la concurrencia de los poderes co-legisladores y, eventualmente, de este Tribunal Constitucional. Intertanto, tal normativa s√≥lo puede ser informada de un modo generalmente obligatorio, para toda la Administraci√≥n del Estado, s√≥lo por la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica, precisamente por concernir al r√©gimen previsional aplicable a funcionarios p√ļblicos‚ÄĚ.

En virtud de lo anterior, el TC ordenó al juzgado civil suspender la tramitación de la causa de esos 869 funcionarios de la DGAC. Pero aun así, la de los otros 1.331 continuó hasta llegar a la Suprema y, ahora, hasta una disputa entre el Poder Judicial y la CGR que hoy se encuentra en su fase final.

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