El primer ministro francés Jean Castex debió renunciar in extremis a una propuesta de modificar el polémico artículo 24 de la Ley de Seguridad Global aprobado por la Asamblea Nacional francesa.

La iniciativa provocó acusaciones del presidente del Senado y del representante de la mayoría oficialista en la Asamblea. Miles de manifestantes protestan en toda Francia para exigir la supresión del texto y denunciar la violencia policial.

El gobierno francés intenta parar la indignación social provocada desde dos frentes: por un lado los videos que muestran a un hombre negro salvajemente agredido por policías el pasado sábado; por el otro, la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Global que penalizaría con hasta un año de prisión y 45 mil euros de multa “la difusión de imágenes que permitan identificar a un policía”.

Esta última fue votada el martes por la Asamblea Nacional y, tras las manifestaciones, el partido en el poder accedió a “reescribir” la controversial ley.

Decenas de protestas se vieron toda Francia este fin de semana para exigir la derogación de la controvertida ley, criticada no sólo por las organizaciones sindicales sino también por organismos de derechos humanos, y exigir un alto a los actos de violencia de la policía francesa.

Las marchas se realizan en un contexto de gran tensión dado que en apenas una semana la población fue testigo de dos hechos de gran violencia que involucran a la policía. Las protestas llegaron al punto en que manifestantes incendiaron dependencias del Banco Central.

El primero fue el desalojo violento de un campamento de migrantes de la Plaza de la República, en el centro de Paris, el lunes de noche, seguido de la difusión del mencionado video que muestra a tres policías agrediendo a un productor musical afrofrancés. Un cuarto miembro uniformado lanzó incluso una granada lacrimógena dentro del estudio de la víctima, hecho que prohíbe la ley.

El ambiente social se ha tensado y no está claro cómo el presidente Emmanuel Macron y su primer ministro Jean Castex, podrán superar esta nueva crisis. Aunque el presidente condenó abierta y firmemente lo que calificó de “agresión inaceptable”, y el video de “imágenes que nos provocan vergüenza”, en amplios sectores de la opinión pública crece el sentimiento que el gobierno se ha embarcado en una lógica de restringir el Estado de derecho y de negación de lo que algunos analistas como el sociólogo Fabien Jobard, califica de “racismo y violencia estructurales en el seno de la policía”.

Entre las voces críticas que se han levantado para denunciar la “vulneración de los derechos” se encuentra la defensoría de los derechos humanos, así como los relatores de los derechos humanos de la ONU.

El presidente Macron recibió el viernes a su ministro del Interior, Gérald Darmanin, principal promotor de la polémica ley y objetivo central de varias organizaciones que exigen su renuncia. Macron le pidió presentar rápidamente propuestas para “luchar contra las discriminaciones”. Una demanda que recuerda la que hizo en junio pasado a Christophe Castaner, el anterior ministro del Interior, que debió renunciar en medio de otra crisis y las denuncias contra la violencia policiaca.

La polémica por el video difundido el jueves que muestra la agresión contra Michel Zecler, a quien sus agresores tildaron repetidamente de “negro asqueroso”, le siguió otro video, publicado el pasado viernes.

En este caso puede verse al productor ser agredido y amenazado con arma de fuego por la policía fuera de su estudio, delante de otros policías que no hicieron nada por detener a sus colegas agresores. Los cuatro uniformados responsables de la agresión fueron suspendidos de sus funciones el jueves y se encuentran en los locales de la Inspección general de la Policía Nacional (IGPN), instancia encargada de vigilar el respeto de la ley por las fuerzas del orden.

Los cuatro fueron inculpados y dos de ellos encarcelados en el marco de las diligencias abiertas.

La autorización para marchar este sábado en la capital francesa fue denegada en un primer momento por la Prefectura de París que exigía una concentración estática. Un tribunal administrativo autorizó a las organizaciones promotoras de la protesta a marchar. El prefecto de policía de París, Didier Lallement, pidió a la policía mantener una “línea republicana hasta el fin”.