El proyecto de ley de “seguridad global”, presentado por los diputados del oficialismo, empieza a debatirse este martes ante la Asamblea Nacional. El texto, que apunta a reforzar la protección de la policía, despierta el recelo de organizaciones de derechos humanos y de la prensa, ya que prevé restringir la difusión de imágenes del accionar policial.
Los debates que empiezan este 17 de noviembre en la Asamblea Nacional deberían focalizarse en el controvertido artículo 24, que contempla prohibir en las redes sociales la difusión de videos que muestren a la policía en plena intervención en la vía pública.
La disposición prevé una pena de un año de prisión y una multa de 45.000 euros por la difusión de la “imagen del rostro o cualquier otro elemento de identificación” de un policía o gendarme en una intervención cuando la finalidad de ésta sea “perjudicar su integridad física o psicológica”.
El ministro del Interior Gérard Darmanin quiere ir más allá, incluyendo en el texto que se oculte digitalmente el rostro de los policía con el argumento de “proteger a quienes nos protegen”.
Libertad de informar
Pero los profesionales de la imagen y los periodistas están en contra de esta medida, temiendo que la regla de la difuminación de las caras conduzca finalmente a la censura de todas las imágenes que muestren abusos policiales.
Varias asociaciones, como la Liga de Derechos Humanos, invocan el derecho a informar y a estar informado. Para ellos, la policía debe actuar bajo la vigilancia de los ciudadanos, frente a los teléfonos móviles y las cámaras.
Este texto prevé también limitar la reducción de las penas para los culpables de delitos contra las fuerzas de seguridad, pero también contra los bomberos y los funcionarios electos.
Proteger a los policías
Por consiguiente, este texto debería reforzar la protección de los agentes de policía y gendarmes sobre el terreno con, en particular, una disposición destinada a facilitar el uso de drones para filmar durante las manifestaciones.
“La vigilancia desde el cielo, que es muy precisa ya que puede llegar con los actuales teleobjetivos muy eficientes de ver incluso los detalles y las caras, muestra que esta nueva vigilancia se haría más fácil y legal con este proyecto de ley. Me parece peligroso desde el punto de vista de los derechos fundamentales”, advierte Jean-Marie Burguburu, presidente de la Comisión Nacional Consultativa de Derechos Humanos.
Por su parte, la policía cree que esta medida es necesaria para garantizar su seguridad. “Los agentes de policía son objetivos en materia de terrorismo, también lo son en materia de derecho común, por lo que es necesario protegerlos”, asegura Stanislas Gaudon, delegado general del sindicato Alliance Police Nationale.
