Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Un ciudadano peruano, David Cornejo Fernández, fue sentenciado a 80 meses de cárcel y a pagar más de 3 millones de dólares en restitución por participar en esquemas de fraude transnacional que afectaron a miles de consumidores hispanohablantes en Estados Unidos. Cornejo facilitó líneas telefónicas y software a centros de llamadas fraudulentos en Perú que estafaron a más de 8.800 víctimas. Se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, admitiendo ayudar a extorsionar pagos haciéndose pasar por funcionarios federales. La condena se suma a otras de 12 acusados, incluidos ciudadanos peruanos, por defraudar a más de 30.000 consumidores. El caso fue investigado por el Servicio Postal de EE. UU.
Un ciudadano peruano fue condenado este lunes a 80 meses de prisión y deberá pagar más de 3 millones de dólares en restitución por su participación en esquemas de fraude transnacional que afectaron a miles de consumidores hispanohablantes en Estados Unidos.
Se trata de David Cornejo Fernández, de 36 años, quien proporcionó líneas telefónicas, software de suplantación de identidad y mensajes pregrabados a centros de llamadas fraudulentos en Perú, que según el Departamento de Justicia “amenazaban a las víctimas con procesos judiciales y multas si no pagaban por productos de aprendizaje del inglés que nunca solicitaron”.
De acuerdo con la investigación, Cornejo con su cooperación facilitó que se estafara a más de 8.800 víctimas, con pérdidas superiores a los 3 millones de dólares.
Cornejo fue extraditado desde Perú en noviembre de 2024 y se declaró culpable de conspiración para cometer fraude postal y electrónico en julio. Además, admitió haber ayudado a los centros de llamadas a hacerse pasar por funcionarios federales, policías y abogados para extorsionar pagos.
La condena de Cornejo se suma a las de otros 12 acusados en Estados Unidos, entre ellos siete ciudadanos peruanos que operaban centros de llamadas y cinco responsables de centros de distribución en EE. UU., quienes defraudaron en conjunto a más de 30.000 consumidores.
El caso fue investigado por el Servicio Postal de EEUU y la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia, con asistencia de agencias estadounidenses y peruanas.
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