En Argentina, es fácil identificar cuál automóvil es 0km no tanto por su modelo, sino porque porta una hoja de papel tamaño A4 con números y letras en rojo. Es que, hace ya dos años, está retrasada la entrega de las chapas patentes, elemento clave en cualquier rincón del mundo para identificar a un vehículo. Además, un requisito obligatorio según lo indicado en el artículo 77 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.
Con más de 600.000 vehículos nuevos (autos, camionetas, buses y motos) circulando hoy con papeles provisorios, la razón del faltante de chapas para los trasandinos se remonta a 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando había escasez de suministros para la producción.
Argentinos no tienen patentes: razones varias
Desde que asumió el presidente Javier Milei, el faltante de placas dominio se agravó, pero por otros motivos: la intervención y posterior cierre de Casa de Moneda, la única empresa pública que las fabricaba y que la administración libertaria —en el marco de su ajuste por irregularidades detectadas en el Estado— pretende eliminar. El proceso derivó a una licitación privada, que ganó en abril último la empresa Tönnjes Sudamericana S.A., que empezó de a poco a cumplir con los pedidos acumulados.
Otro cambio que influyó en la falta de chapas para los vehículos argentinos fue el cierre de un centenar de registros automotores en toda Argentina, que el Ministerio de Justicia concretó meses atrás con el propósito “desarmar la burocracia”, quitar impuestos y darles libre elección del lugar a los propietarios para tramitar sus certificados automotores.
Bajo la excusa de reacomodar los registros de autos y motos, la patente de papel logró gozar de una validez por 180 días y la posibilidad de renovarse mientras el titular espera la chapa definitiva. Al momento de la inscripción, también se le entrega el título digital y la cédula verde (propietario).
Flexibilización de requisitos
Como la escasez de chapas metálicas se estiró en el tiempo, el Gobierno debió flexibilizar aún más los requisitos. Primero, ante la necesidad masiva de los ciudadanos argentinos de hacer turismo en el exterior con el dólar barato y viajar en un vehículo sin chapa patente, algo considerado ilegal.
Así, en el verano pasado, época de vacaciones con miles cruzando a Chile y Brasil, se autorizó la salida de Argentina con patente provisoria, siempre y cuando el vehículo cuente con la nueva “Constancia de Documentación Dominial Asignada”, un documento que acredita el número de dominio y permite la circulación en países limítrofes. Se puede gestionar a través de la app móvil “Mi Argentina”, con los datos del titular y de los terceros autorizados a conducir el vehículo.
Además, tras la flexibilización de importaciones y baja de aranceles, el mercado argentino comenzó a atravesar un sólido momento de recuperación y de récords en los últimos 30 años, tal como reportó BioBioChile en diversas ocasiones.
Para tomar dimensión del asunto, en junio se patentaron 52.212 vehículos en Argentina. Aunque es un 7,3% menos que en mayo, se disparó a un 68,2% de crecimiento interanual, según las cifras brindadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El acumulado del 2025 se extendió a un alza en ventas del 77,8%, con un total de 326.039 vehículos nuevos patentados.
Problemas sin resolver: más dudas que respuestas
La demanda de placas de dominio es constante y, a pesar de los “parches”, hay un problema sin resolver. ¿Qué hacer ante un incidente de tránsito si no hay cómo identificar el vehículo? ¿Cómo aplicar la sanción para un automovilista en estado de ebriedad a toda velocidad en el cruce de un semáforo en rojo? ¿Y si un auto sin chapa patente atropella a un peatón, su conductor huye y no hay registro visible para identificarlo?
Una hoja de papel puede mojarse, desteñirse con la luz solar o simplemente romperse, impidiendo ser captada por una cámara de seguridad, encargada de las llamadas “fotomultas” en algunas ciudades argentinas. Ni hablar de que la aseguradora del vehículo siniestrado no podrá hacer su reclamo formal, rechazando la cobertura de la víctima.
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