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Un grupo de 17 ex militares colombianos, reclutados para un trabajo en Haití, se vieron envueltos en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, generando angustia y sorpresa en sus familias. Las ofertas de trabajo por WhatsApp prometían un sueldo atractivo, pero todo cambió cuando perdieron contacto el día del crimen. Las implicaciones del caso han llevado a la detención de los colombianos, con acusaciones de asociación para delinquir, terrorismo y asesinato. Las familias enfrentan incertidumbre y señalamientos, mientras solicitan justicia y respuestas. Las condiciones carcelarias en Haití han sido descritas como precarias, y el proceso judicial se ve obstaculizado por la inestabilidad política del país. Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Haití han sido tensas, con el presidente Petro pidiendo perdón por el magnicidio durante una visita al país caribeño.
Un grupo de 17 exmilitares colombianos fue reclutado con la promesa de un empleo de seguridad en Haití, pero terminó involucrado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Sus familias aseguran que fueron engañados y denuncian que las condiciones en las que permanecen detenidos son precarias y que no cuentan con garantías judiciales. La investigación reveló una trama compleja con autores intelectuales en Haití y Estados Unidos, lo que ha dificultado la resolución del caso. Mientras las relaciones entre Colombia y Haití siguen tensas, el presidente Gustavo Petro pidió perdón por el crimen y calificó a los implicados como mercenarios.
Cuando Leodan Bolaños salió de su casa en abril de 2021, le prometió a su familia que regresaría con dinero para darles mayor estabilidad económica. Al igual que otros 17 ex militares colombianos, Bolaños habría sido reclutado con la promesa de un trabajo de seguridad privada en Haití. Meses después, su nombre apareció en los titulares como parte del grupo implicado en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Para su familia, la sorpresa se convirtió en un camino cargado de angustia.
“Nos aseguró que sería un trabajo limpio, que estaría protegido. Nunca nos dijo que era algo ilegal”, relató la esposa de Bolaños, Marta Quintero, quien desde entonces asegura que vive entre la desesperación y la incertidumbre. Como muchas otras familias, enfrenta barreras burocráticas para obtener información sobre su esposo detenido en Haití.
La historia de los exmilitares colombianos comenzó con un mensaje de WhatsApp. Duberney Capador, uno de los reclutadores, contactó a excompañeros del Ejército ofreciéndoles una oportunidad laboral en el extranjero. “Era un buen sueldo, algo que aquí en Colombia ya no podíamos conseguir”, dijo la hermana de otro de los ex soldados detenidos. La propuesta de ganar entre 2.500 y 3.500 dólares (entre 2.2 y 3.2 millones de pesos chilenos) al mes resultó tentadora tras su retiro.
Sin embargo, para las familias, la preocupación comenzó cuando perdieron contacto con ellos el 6 de julio de 2021. “Ese día esperaban recibir su primer pago, pero algo estaba raro. En los mensajes que envió mi hermano notamos que algo no estaba bien”, comentó el hermano de otro exsoldado. Horas después, la noticia del asesinato de Moïse estremeció al mundo y sus familiares comenzaron a recibir llamadas y amenazas. “Nos decían que los iban a matar, que eran mercenarios”, recordó la madre de uno de los acusados.
El asesinato de Jovenel Moïse se inscribe en un contexto de inestabilidad política que Haití ha enfrentado durante décadas. Desde el fin de la dictadura de los Duvalier en 1986, el país ha vivido una sucesión de crisis políticas, golpes de Estado e intervenciones internacionales.
La fragilidad institucional ha permitido la proliferación de grupos armados y la interferencia de intereses extranjeros.
¿Qué sucedió la madrugada del 7 de julio de 2021?
Jovenel Moïse fue hallado muerto en su residencia, tras un violento asalto perpetrado durante la madrugada del 7 de julio de 2021, por un grupo de hombres armados. Durante el ataque, su esposa, Martine Moïse, resultó herida y fue trasladada a un hospital en Miami, Estados Unidos.
En respuesta inmediata, las autoridades haitianas lanzaron una intensa operación de búsqueda para capturar a los responsables del magnicidio.
La policía detuvo a los exmilitares colombianos, que fueron acusados de haber participado en el asesinato del mandatario. Además, otros tres presuntos mercenarios colombianos murieron en el operativo.
El magistrado a cargo del caso llegó a la conclusión, basándose en diversos informes, que hay pruebas contundentes y cargos suficientes para imputar a los acusados por delitos graves como asociación para delinquir, terrorismo, robo a mano armada, asesinato y complicidad en asesinato.
Entre los ciudadanos colombianos arrestados tras el crimen se encuentran Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Neider López Hitas, Adey Fernando García García, Camilo Andrés Romero Reyes, Jules Osmín Castaño Alzate y Jhon Gregore Rodríguez, quienes permanecen en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
Condenados e investigados: los otros implicados en el caso
La posible implicación de Martine Moïse, viuda del exmandatario, generó controversia en este caso. Testimonios recabados en la investigación señalaron que Martine estuvo presente en el Palacio Nacional la noche anterior al crimen, lo que ha generado sospechas y las autoridades aún investigan si formaba parte de una asociación criminal relacionada con el magnicidio.
En tanto, la investigación también dio con los autores intelectuales del homicidio. Christian Emmanuel Sanon, un médico haitiano de 63 años que residía en Florida y que actualmente está detenido, al igual que Joseph Félix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití. Mientras que Ashkard Joseph Pierre, un empresario con residencia en Montreal, Canadá, está prófugo y sobre él pesa una orden de arresto.
Según la investigación, el operativo fue liderado por Germán Rivera García, un capitán retirado del ejército colombiano, quien habría recibido 50.000 dólares para coordinar la logística desde Miami, Estados Unidos.
En diciembre de 2021, un tribunal de Estados Unidos, condenó a cadena perpetua al exsenador haitiano Joseph Joel John, acusado de haber participado en el magnicidio, por suministrar vehículos y otros recursos. Durante el juicio, John dijo que su intención no era asesinar a Moïse, sino capturarlo y llevarlo ante la justicia.
En tanto, el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar y el militar colombiano Germán Alejandro Rivera García fueron sentenciados a cadena perpetua también en Estados Unidos, por su implicación en el crimen.
Familiares, entre la incertidumbre y la crisis de Haití
En Colombia, las familias dicen que han enfrentado el señalamiento social y el rechazo de la comunidad. Además, acusan una falta de respuestas claras por parte del gobierno colombiano. “Nadie nos dice qué va a pasar con ellos, solo nos piden paciencia”, dijo Sandra Bonilla, la esposa de uno de los detenidos. Mientras tanto, sus abogados reportan que los hombres se encuentran en condiciones precarias en Haití.
Las esposas, madres e hijos de los exsoldados, buscan que el proceso judicial finalice con una sentencia o la absolución de los acusados. “No justificamos lo que pasó, pero ellos también fueron víctimas de un engaño”, insistió Janeline Carmona Flórez, la madre de uno de ellos.
Los familiares han solicitado la intervención del gobierno colombiano para garantizar la realización del proceso judicial. “Solo queremos justicia, pero también queremos respuestas”, agregó la esposa de Bolaños.
¿Cuál es la situación de los colombianos detenidos?
El trato a los detenidos fue seguido de cerca por diversas organizaciones de derechos humanos. “Las condiciones carcelarias en Haití son de las peores del hemisferio. Falta comida, atención médica y hay hacinamiento extremo”, explicaron desde un informe de Human Rights Watch. Además, la inestabilidad política ha deteriorado el sistema judicial, por lo que la familia teme que no haya un juicio justo.
Las familias denuncian que sus seres queridos están detenidos sin garantías procesales. “No tienen abogados que realmente puedan defenderlos, y en Haití nadie nos da respuestas”, afirmó una de las esposas. La falta de un marco legal claro y la presión internacional sobre Haití han convertido el caso en un limbo jurídico.
Las audiencias judiciales han avanzado de manera lenta e irregular. En varias ocasiones, han sido suspendidas. “Cada vez que nos dicen que habrá una audiencia, nos preparamos con la esperanza de obtener respuestas, pero siempre terminamos en la misma espera interminable”, lamentó la esposa de uno de los exmilitares.
La falta de jueces y la presión política en Haití han convertido el proceso en un laberinto burocrático donde la justicia parece inalcanzable.
Las relaciones entre Colombia y Haití
Mientras la investigación sobre el magnicidio de Moïse sigue su curso, las relaciones entre Colombia y Haití han sido frías y tensas. La falta de un gobierno estable en Haití ha dificultado los diálogos diplomáticos, y las familias de los detenidos sienten que han sido abandonadas.
Sin embargo, el presidente colombiano Gustavo Petro visitó el 22 de enero de este año Haití, en un intento por abordar la crisis humanitaria y fortalecer la cooperación bilateral.
Pero no se lograron avances concretos en el caso de los exmilitares detenidos. “Esperábamos que con la visita del Presidente hubiera algún pronunciamiento claro, pero seguimos en la misma incertidumbre”, comentó Nathalie Delisca, la abogada de los 17 colombianos detenidos.
Petro pidió perdón en Haití por el magnicidio
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una visita oficial a la isla, pidió disculpas al pueblo de Haití por el asesinato del entonces mandatario haitiano Jovenel Moïse en 2021.
“Les pido perdón porque aquí llegaron unos colombianos blancos a matar al presidente de Haití. En nombre de todo el pueblo colombiano les digo: nosotros no creemos en esa muerte que propagaron esos colombianos”, declaró Petro en la ciudad de Jacmel, al sur del país, junto al presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Leslie Voltaire.
Al mismo tiempo, el mandatario colombiano calificó como “mercenarios” a los colombianos acusados del magnicidio. “Colombianos pagos como mercenarios por intereses en el estado de Florida decidieron venir a estas tierras a asesinar”, sentenció Petro.
Las palabras del presidente colombiano, fueron recibidas por las familias de los detenidos como la “condena final” a pesar de que el juicio no ha avanzado.
En este reportaje colaboraron Lisandro Concatti y Sandrine Exil.
