Internacional
Miércoles 17 octubre de 2018 | Publicado a las 16:26
"Injusticia y castigo": familiares de detenidos por protestas en Nicaragua reclaman contra condena
Publicado por: Diego Vera La información es de: Agence France-Presse
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Las sentencias de 15 a 24 a√Īos de c√°rcel impuestas a estudiantes y pobladores por la justicia nicarag√ľense son “injustas” y un “castigo” para quienes protestan contra el gobierno, dijeron este mi√©rcoles sus familiares y abogados.

El juez s√©ptimo penal de Juicio, Melvin Vargas, impuso en la jornada penas de 17 a√Īos y seis meses de c√°rcel a Kevin Espinoza, Marlon Fonseca y Hanssel V√°zquez, encontrados culpables de terrorismo y otros delitos.

Por los mismos cargos la jueza segundo de Distrito Penal de Juicio, Adela Cardoza, conden√≥ a nueve manifestantes de los llamados “autoconvocados” del municipio Tipitapa (20 km al norte de Managua), con penas de 15, 20 y 24 a√Īos de c√°rcel, dijo a la AFP, su abogado Julio Montenegro.

A los procesados de Tipitapa se les imputó la colocación de barricadas o bloqueos de vías en 12 puntos del país, aunque esa acusación no fue demostrada por la fiscalía mencionó la defensa.

“Estas son las primeras sentencias por delito de terrorismo” que emiten los tribunales de justicia contra personas que desde abril pasado protestan contra el gobierno destac√≥ Montenegro, quien consider√≥ “nulos” los procesos debido a una serie de irregularidades.

Otras sentencia fue por el caso de la muerte del periodista Angel Gahona, el 21 de abril, pero sus familiares consideran que no ha dictado justicia y se√Īalan como responsables a agentes policiales.

Por su lado, el manifestante Carlos Bonilla fue condenado a 30 a√Īos por la muerte de un agente y a 60 a√Īos por asesinato en grado de frustraci√≥n contra otros cuatro polic√≠as (15 por cada uno), pero Montenegro asegura que su responsabilidad no fue debidamente probada. No obstante, s√≥lo cumplir√≠a 30 a√Īos en prisi√≥n, pena m√°xima establecida en el c√≥digo penal nicarag√ľense.

En junio, en medio de las protestas contra el gobierno que han dejado ya 320 muertos, 2.000 heridos y unos 500 detenidos, el Parlamento aprob√≥ una ley que sanciona el delito de terrorismo, la cual seg√ļn opositores busca criminalizar la protesta.

“Esas sentencias son irregulares desde el momento de la detenci√≥n por paramilitares, con allanamientos de morada sin orden judicial”,
explicó Montenegro.

El jurista estim√≥ que lo que sus defendidos hicieron fue participar en protestas “lo que no tiene nada que ver con terrorismo”, como se define ese delito.

La mayor√≠a de los procesados tienen “un c√≥ctel de delitos” que van desde terrorismo, crimen organizado, asesinato, robo, portaci√≥n ilegal de armas, entre otros,
mencionó.

La polic√≠a, los fiscales y los jueces del sistema de justicia “act√ļan de forma combinada” en las irregularidades, aleg√≥ Montenegro.

Escarmiento para no protestar

“Esa sentencia es rid√≠cula porque esta completamente fuera de lugar (…) protestar nada tiene que ver con terrorismo”, dijo a la AFP, Liliam Ruiz, madre del condenado Hansell V√°zquez.

Ruiz manifest√≥ que con esas sentencias lo que “quieren es escarmentar e intimidar a la gente” para que deje de protestar.

El veredicto ser√° apelado, adelant√≥ Ruiz, quien expres√≥ su alivio porque “en medio de tantos cargos contra mi hijo, damos gracias a Dios que la condena no fue una brutalidad de 28 o 30 a√Īos”.

“Aqu√≠ no hay justicia, no podemos confiar en esos procesos que no son transparentes mientras est√©n ah√≠ esas personas (jueces)” que no act√ļan con imparcialidad”, dijo la estudiante Jaqueline Zapata, amiga de V√°zquez.

Organismos de derechos humanos estiman que unas 300 personas, de 500 detenidas por participar o apoyar las protestas, son acusadas penalmente de delitos graves, incluyendo terrorismo y crimen organizado.

Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una fallida reforma del sistema de pensiones, pero con la espiral de violencia en la que han muerto más de 320 personas, se transformó en una demanda para la renuncia del presidente izquierdista Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.

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