La Justicia de Sudáfrica, en un veredicto histórico para la democracia del país, condenó hoy al expresidente Jacob Zuma (2009-2018) a quince meses de cárcel por desacato al haberse negado reiteradamente a declarar en investigaciones de corrupción bajo su mandato.
En un duro dictamen, leído esta mañana en la sede del Tribunal Constitucional en Johannesburgo por la jueza Sisi Khampepe, la máxima corte sudafricana destacó que Zuma no solo desobedeció las órdenes judiciales que le obligaban a testificar, sino que además buscó minar la autoridad del Poder Judicial con “ataques atroces” y “calculados”.
Los magistrados consideraron que “sus intentos de evocar simpatía pública con esas alegaciones” contra los tribunales fueron “un insulto” a la Constitución por la que “tantas mujeres y hombres lucharon y perdieron sus vidas”.
“Si su conducta encuentra impunidad hará un daño significativo al imperio de la ley”, señaló Khampepe, en referencia a los continuos desafíos públicos de Zuma a los jueces, a los que acusa de perseguirle por motivos políticos.
El veredicto final, que es inapelable, refleja la opinión de siete de los magistrados del Tribunal Constitucional, mientras que dos votaron en contra de la histórica sentencia.
Zuma, que aún no ha hecho declaraciones sobre la sentencia, deberá entregarse a la Policía en un plazo de cinco días naturales o, de lo contrario, el tribunal indicó que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, deberá asegurar que se cumplen las órdenes.
Sí que se pronunció públicamente al respecto una de sus hijas, Dudu Zuma-Sambudla, quien a través de su cuenta de Twitter señaló que su padre recibió la noticia “con buen ánimo” y que “no tiene miedo”.
“Nos tendrán que matar antes de arrestar a Zuma”, aseveró, por su parte, Edward Zuma, otro de los hijos del exmandatario, en declaraciones a los medios locales.
Desde la Fundación Jacob Zuma indicaron, sin embargo, que un equipo legal está estudiando el dictamen y que se emitirá un comunicado más adelante.
Tampoco se ha posicionado aún el partido de Jacob Zuma, el oficialista Congreso Nacional Africano (CNA, el movimiento bajo el que militó Nelson Mandela), que solo comentará la sentencia cuando la ejecutiva nacional, liderada por el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se reúna.
Un castigo sin precedentes
El castigo contra Zuma no tiene precedentes en los 27 años de democracia sudafricana y, si bien el expresidente aún mantiene un buen número de simpatizantes, en general se leyó como una victoria histórica frente a la impunidad política.
Este proceso por desacato, que se remonta a varios meses atrás, abordaba las reiteradas negativas del exmandatario a declarar ante una comisión oficial de investigación presidida por el número dos del propio Constitucional, el juez Raymond Zondo, que estudia la sonada trama de corrupción conocida como la “Captura del Estado”.
Esa investigación analiza si, durante los casi nueve años de gobierno de Zuma, el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que presuntamente definían incluso la entrada y salida de los ministros en función de sus intereses.
Zuma, sin embargo, afirma que la comisión -que él mismo creó en sus últimas semanas de mando, poco antes de ser forzado a dimitir por su propio partido en febrero de 2018 por sus numerosos escándalos- busca destruir su legado como presidente.
Por ello, ignoró las citaciones a declarar incluso después de que el Tribunal Constitucional emitiera un dictamen especificando que eran de obligado cumplimiento.
Esto activó el proceso por “desacato”, en el que el exmandatario también se negó a participar.
De hecho, lejos de retractarse, Zuma emitió varios comunicados públicos asegurando que iría a la cárcel antes que a declarar y cuestionando la imparcialidad e independencia de los jueces sudafricanos.
Las acusaciones de la “Captura del Estado” no son, sin embargo, las únicas que pesan contra el polémico expresidente sudafricano.
En paralelo, el expresidente está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.
Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
