El robo de cables afecta no solamente a las iluminarias, sino también a personas electrodependientes, pymes y empresas con alto consumo de energía, e inclusive el transporte ferroviario de personas.
Más de 255 kilómetros de cables robados, equivalentes a 85 toneladas de cobre y, a modo de comparación, mayor a la distancia entre Santiago y Talca.
Estas son las cifras de robo en líneas de distribución eléctrica, solo durante el primer semestre del 2023, según informó la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas.
Con esto, la Asociación estima que 250 mil hogares se han visto afectados por el robo de cables durante la primera mitad de este año.
“Una afectación directa a la calidad de vida de las familias”
En este sentido, el director de Asuntos Públicos de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, expresó que el robo del tendido eléctrico es un delito que ha presentado un aumento sostenido, lo que ha derivado en enormes problemas para las personas.
“Se produce una afectación directa a la calidad de vida de las familias pues ven interrumpido su suministro eléctrico, provocando problemas de calefacción, de preservación de alimentos, de acceso a internet, y otras actividades cotidianas, además de un riesgo para personas electrodependientes“, añadió Meriches.
Junto con la afectación directa a los usuarios del servicio eléctrico, el ejecutivo también destacó las implicaciones que esto tienen para la seguridad pública.
Otras implicaciones del robo de cables
“Además, se genera una afectación a la seguridad pública, por lo que este delito supone para el correcto funcionamiento de hospitales, escuelas y otros servicios de primera necesidad para la población tal como los sistemas de agua potable rural”, recalcó el director de Asuntos Públicos de Empresas Eléctricas.
A su vez, también se pueden presentar impactos en los trabajos de las pymes, empresas, junto con mayores costos y tiempos de reposición para las empresas distribuidoras.
Inclusive, se pueden ver afectadas las empresas de transporte ferroviario de personas y mercancías, tal como ocurrió con la Línea 1 del servicio Biotren entre Talcahuano y Concepción, región del Bío Bío, donde los recorridos tuvieron que detenerse debido al robo de cables.
Desde la Asociación piden que las autoridades profundicen la persecución de este tipo de delitos y que, tal como pasó con el robo de madera, se impulse un estatuto jurídico especial con mayores penas, nuevas facultades investigativas para las policías, entre otros aspectos.
Finalmente, hacen un llamado a que las personas denuncien este tipo de delitos, y tanto a quienes roban los cables como a los reductores de chatarra que trabajen con el material obtenido de forma ilegal.
