Dos personas quedaron en prisión preventiva, luego de ser formalizadas por devolución indebida del IVA Exportador y uso de facturas falsas, resultando en un perjuicio fiscal cercano a los $10 mil millones.
La información fue entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), donde sus abogados solicitaron al 8° Juzgado de Garantía de Santiago la mencionada medida cautelar, debido a la “excepcional gravedad” del perjuicio fiscal, y la reiteración de las apuntadas conductas.
En este sentido, Patricio Salgado Vera y Patricio Ramírez Figueroa habrían formado parte de un grupo de cinco personas, que están bajo investigación por lavado de activos.
Todo por un verdadero entramado de compañías fantasmas, con emisión en masa de facturas falsas.
Millonario fraude al fisco
Según detallaron en un comunicado desde el SII, el modus operandi sería el siguiente.
Entre enero de 2017 y julio de 2019, BMC Internacional Chile, donde Ramírez figuraba como representante legal, solicitó devoluciones de IVA Exportador, respaldado por facturas de 11 sociedades proveedoras que, en la práctica, eran “empresas de papel”.
Es decir, empresas fantasmas que “carecían de capacidad material, técnica y financiera para realizar las operaciones comerciales declaradas”, afirma Impuestos Internos.
El papel de Salgado se relacionaba al control sobre las sociedades Copavi y Molina Exportadores.
La investigación del SII arrojó que 11 sociedades de papel emitieron “280 facturas falsas a la empresa Copavi, que a su vez emitió 423 facturas falsas a la sociedad Molina Exportadores, quien finalmente emitió 1218 facturas falsas a BMC Internacional Chile”, quien finalmente obtenía las devoluciones, solicitadas 30 veces.
“Durante la investigación pudo comprobarse la falsedad de estas facturas, dado que los emisores usaban direcciones ficticias, numeraciones inexistentes y lugares donde los representantes legales no eran conocidos; además de la absoluta desproporción entre las operaciones declaradas y la capacidad real de las sociedades, entre otros antecedentes”, acusó el Servicio.
El total del perjuicio fiscal asciende a $9.822.941.317. Ambas personas, junto a otras tres, también fueron formalizados por el delito de lavado de activos.