Un total de 750 códigos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) fueron caducados tras una serie de investigaciones ejecutadas por el Ministerio del Trabajo en la entidad, tras las cuales se cursaron infructuosos sumarios y una subsecuente denuncia ante el Ministerio Público para indagar la posible existencia de dolo.

De acuerdo con fuentes del Diario Financiero, los problemas fueron encontrados en los requisitos de vigencia legales (de 4 años) de dichos códigos, utilizados como parte de un beneficio tributario para contribuyentes de Primera Categoría que permite descontar hasta el 1% de la planilla anual de remuneraciones imponibles los gastos vinculados con capacitaciones y/o evaluaciones, además de certificación de competencias laborales.

Además, se evalúan acciones legales tras la detección de diferencias en los valores máximos por hora franquiciables de 1.000 códigos, en que se superó los parámetros autorizados por el Sence. Esto habría producido que se imputara un valor mayor a las cuentas administradas por el servicio.

Según detalló el medio especializado, tras el descubrimiento se comenzó a trabajar en mejorar el sistema informático con restricciones para impedir que se modifiquen manualmente los plazos de vigencia de los cursos, se bloqueó el acceso a personas autorizadas para realizar dichos cambios, y se intensificó la fiscalización a los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) a los que más irregularidades se les detectaron.

Tras los sumarios internos, sin embargo, no se logró encontrar responsables ni causa del problema, por lo que se recurrió al Ministerio Público. Ahí, el caso quedó en manos de la Fiscalía de Alta Complejidad. Según las fuentes del DF, las irregularidades no significaron pérdidas económicas para el Sence, pero sí afectaron la efectividad del beneficio para las capacitaciones.