Reacciones diametralmente opuestas generó en el Congreso la revelación del intercambio de correos entre el ex ministro de Economía, Pablo Longueira, y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, para decidir el destino de la Ley de Royalty, la que fue aprobada por el Congreso.
La publicación de Ciper puso al descubierto que una modificación vital para el citado proyecto que se convirtió en ley salió desde el correo electrónico de Contesse.
En este sentido el diputado UDI y jefe de bancada de ese partido, Juan Antonio Coloma, fustigó fuertemente la filtración de los correos electrónicos y aseguró que la Fiscalía quiere hacer juicios por la prensa, sin investigar a quienes son parte del oficialismo en la actualidad.
Una posición distinta expresaron las diputadas del Partido Comunista, Camila Vallejo y Karol Cariola, quienes señalaron que incluso podrían llegar a pedir la anulación de la Ley de Royalty Minero, tal como lo han hecho con la Ley de Pesca. Este último proceso se encuentra en desarrollo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
“No nos sorprende nuevamente que el señor Longueira esté vinculado con algo como esto. O sea, la Ley de Pesca también es llamada Ley Longueira“, expresó la diputada Cariola, que calificó como un hecho grave este presunto acto de corrupción y afirmó que Longueira “le puso precio a la democracia”.
En cuanto a la Ley del Royalty, Cariola llamó al Congreso a revisar esta situación porque “no nos podemos sentir cómplices de situaciones de corrupción, menos cuando se trata de legislación que involucra a todos los chilenos y chilenas”.
Por su parte, Camila Vallejo señaló que ésta es la manera histórica en la que se han generado las leyes en Chile, beneficiando a las grandes empresas por sobre el interés de los chilenos.
“Eso no se le puede llamar democracia, en un país en que el poder político no está separado del poder económico. Y eso representa lo que hemos conocido de Pablo Longueira, es lamentable que la UDI eluda la responsabilidad que tiene en esto, que no haga un juicio al menos ético en relación a este correo que se filtró”, añadió.
En tanto, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, declinó realizar cualquier tipo de comentario sobre la situación que afecta al histórico dirigente gremialista. “No voy a hablar“, fue la escueta respuesta que entregó a los medios este martes.
Querellas del SII
A la fecha, el Servicio de Impuestos Internos no se ha querellado contra Pablo Longueira por delitos tributarios, a pesar de los numerosos oficios que ha enviado la Fiscalía esperando un pronunciamiento del ente recaudador.
Los políticos oficialistas fueron cautos en sus análisis. La senadora del PS Isabel Allende se limitó a señalar que espera que ahora sí se concrete la presentación de la acción legal, pese a que dijo que no le corresponde a ella involucrarse en el tema.
“Me imagino que lo hará. En todo caso es su rol, yo no tengo mucho más que decir. Pero es importante para nosotros que todo se investigue, que sea transparente, y vuelvo a repetir, ojalá nunca más nos ocurra este tipo de relación entre dinero y política, porque el desprestigio es hacia el conjunto y no nos hace bien como sociedad”, dijo la parlamentaria.
El diputado y timonel del PC Guillermo Teillier se mostró optimista sobre el rol de Impuestos Internos, al sostener que cree que están analizando los últimos antecedentes para emprender alguna acción: “Yo me imagino que están estudiando a fondo la denuncia que apareció ayer, y si eso es verdad tendrían que querellarse, indudablemente”.
El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, directamente defendió a la entidad y expresó que el servicio “actúa profesionalmente”.
“Yo no tengo dudas del recto proceder del Servicio de Impuestos Internos, y que si hay algo incorrecto o ilícito, evidentemente tendrá que hacer las acciones legales que correspondan”, agregó.
Quien tomó distancia absoluta de estos parlamentarios y dirigentes políticos fue el jefe de bancada de diputados del PPD, Jorge Tarud, quien cuestionó el rol de Fernando Barraza a la cabeza del SII porque no han formulado querellas contra los políticos, tal como lo ha pedido abiertamente el Ministerio Público.
Incluso Tarud, de forma clara, pidió que el SII explique por qué ha tenido la presentación de querellas “selectivas”: “Quiero señalar mi profunda extrañeza con la actitud que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos, [por] la forma selectiva en que ellos han actuado. Demandas, querellas para éste, querellas para el otro no tenemos querella. Yo sé que no importa el monto, pero hay personas querelladas por 3 y por 5 millones, y vemos personalidades políticas importantes por 400 y por 600 millones que no pasa absolutamente nada“.
Desde Amplitud expresaron una postura similar. La senadora Lily Pérez pidió transparencia total sobre estos hechos.
“Nosotros en Amplitud no queremos privilegios para nadie, queremos que el trato sea para todos igual. Da lo mismo si son pro Gobierno o pro oposición. Nosotros creemos que la única forma de que la política salga del pantano de inmundicia en el que está, porque no es justo que la gente comience a generalizar a todos cuando son algunos los que han actuado al margen de la ley. Son algunos los que vendieron sus conciencias a grandes empresas“, subrayó.
Los cuestionamientos al SII comienzan a aparecer tibiamente cuando lleva semanas o meses el Ministerio Público solicitando querellas contra varios políticos.
