El procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Valdivia, Natalio Vodanovic, solicitó que los ministros titulares y suplentes del Tercer Tribunal Ambiental se inhabiliten, tras la acción judicial que presentaron las empresas forestales Celco, Calle Calle y la Corporación Para el Desarrollo de Los Ríos (Codeproval) para anular la norma que busca regular la calidad de los ríos en Valdivia después del desastre ambiental del 2004.
El CDE considera que su imparcialidad se vería comprometida, acusando algo que llama “un supuesto empeño de gratitud” de los ministros titulares Michael Hantke y Roberto Pastén y los suplentes Pablo Miranda y Sibel Villalobos con el abogado Andrés Bordalí, representante de Celulosa Arauco en la causa para anular la norma.
Esto luego de que los ministros otorgaran a los abogados Juan Varas e Iván Hunter, quienes tienen una sociedad con Bordalí, un mandato judicial amplio para que los defiendan en un caso de indemnización contra el Tercer Tribunal Ambiental, lo que podía interpretarse como que los jueces serían defendidos en esa causa por el mismo equipo contratado por Celco para tratar el tema del agua.
En definitiva, los ministros del Tercer Tribunal Ambiental no se inhabilitaron, pero revocaron el poder a esos abogados en la otra causa en que eran representados, tras los cuestionamientos del CDE.
En el Observatorio Ciudadano, José Araya sostuvo que este tipo de controversias “generan bastante ruido en la ciudadanía, que está preocupada por las presentaciones de las empresas forestales para derogar la norma secundaria de aguas”, agregando que es necesario despejar este tipo de dudas.
De paso en Valdivia, el ministro (s) de Medio Ambiente, Marcelo Mena afirmó que no le corresponde pronunciarse con respecto a procesos judiciales, remitiéndose a señalar que los argumentos de la norma sobre calidad del agua son sólidos.
El Tercer Tribunal Ambiental, consultado por Radio Bío Bío, por medio de su Unidad de Comunicaciones, contestó que los ministros respondieron individualmente. Sostuvieron entonces que, en derecho, correspondía rechazar la solicitud del CDE.
Sin embargo, dada la complejidad de la causa, los ministros accedieron a “revocar el patrocinio a los abogados que los representan con el fin de remover la más mínima sospecha sobre su imparcialidad”, aunque antes afirmaban que “no había vínculos”.
