Dos subinspectores de la PDI, suspendidos por el momento de sus cargos, actualmente enfrentan un juicio oral acusados de tres ilícitos -entre ellos robo con intimidación- en el marco de un procedimiento antidrogas llevado a cabo el 28 de agosto de 2012.

Según la acusación fiscal los funcionarios de la Bicrim de San Miguel, Germán Bravo Reyes y Juan León Urrutia detuvieron a tres personas en las afueras del metro lo Ovalle, dirigiéndose al domicilio de uno de ellos, donde arrestan a un cuarto involucrado.

Es en este marco que los policías habrían llegado a un acuerdo con los detenidos para dejarlos en libertad a cambio de dos millones de pesos.

A lo anterior se suma, según los cargos de la Fiscalía Sur, la acción desplegada -mediante golpes y amenazas- para robar cadenas y anillos de la presunta víctima, en hechos ocurridos en la comuna de La Granja.

En base a estas imputaciones se generó el actual juicio que enfrentan los funcionarios por cohecho, falsear informe policial y robo con intimidación, tal como lo aseguró el persecutor de la Fiscalía Sur, Francisco Bravo, que espera la lectura de veredicto para la próxima semana.

El Ministerio Público afirma que no se incluyó el dinero presuntamente “incautado” en los informes policiales, como ordena el procedimiento, generando así la conducta de cohecho.

La defensa asegura lo contrario, por lo menos el abogado Sergio Contreras, que representa al funcionario policial suspendido Germán Bravo, indicando que se trató de elementos efectivamente incautados, no robo ni cohecho.

Asimismo, subrayó que las presuntas víctimas son narcotraficantes ya condenados.

Para la próxima semana se espera la lectura de veredicto que indicará si se absuelve o condena a los policías, que podrían enfrentar penas de hasta diez años de presidio efectivo.