A 5 años del terremoto y tsunami del 27 de febrero del 2010, la justicia aún no define si las imputaciones contra seis ex funcionarios de Gobierno y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile son admisibles. El 12 de marzo el Tribunal Constitucional tendrá que definir si comienza la preparación del juicio oral.
Hace siete meses se cerró la investigación por el denominado Caso Tsunami, sin embargo, recién el 12 de marzo -a cinco años del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero- se resolverá si es que las acusaciones contra funcionarios del SHOA y la Oficina Nacional de Emergencias son legales, tarea que estará a cargo de Tribunal Constitucional.
En el caso de que los ministros declaren admisibles los cargos de cuasidelito de homicidio, se comenzará la preparación del juicio oral en contra de seis imputados: la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández; el ex subsecretario del interior Patricio Rosende; ex jefe de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett; el ex director del SHOA Mariano Rojas; el ex jefe de Oceanografía del SHOA Andrés Enríquez y el ex teniente de esa institución Mario Andina.
El abogado de este último fue quien interpuso un requerimiento ante el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre pasado, recurso que paralizó la causa que se revisará en dos semanas más.
El retraso sería por la gran cantidad de iniciativas parlamentarias que el organismo ha tenido que revisar durante los últimos meses.
El representantes de las víctimas, el abogado Alfredo Morgado, espera que se rechace el requerimiento para dar paso a la preparación de un juicio oral, que espera, sea controvertido.
Si se rechaza el requerimiento, la defensa de los acusados sostendrá que los seis imputados son inocentes, según detalló el abogado representante de Carmen Fernández, Luciano Fouillioux.
Sin embargo, en caso de que el Tribunal Constitucional determine que el ilícito que la fiscalía atribuye no está claramente descrito en la ley, el juicio llegaría a su fin.
Un contratiempo esperado
Además, el 12 de marzo se podría presentar un nuevo contratiempo en la causa. Los ministros encargados de revisar el requerimiento son los recientemente designados Nelson Pozo y Cristián Letelier.
El primero ya adelantó que se inhabilitará porque entregó su opinión en un informe en derecho encargado por la defensa de Carmen Fernández.
Mientras que el caso de Letelier también está en duda, ya que en 2013 emitió su opinión respecto a la posible responsabilidad de la presidenta Michelle Bachelet a través de la prensa.
La decisión que tome el Tribunal Constitucional podría marcar el inicio de un juicio que busque aclarar las responsabilidades penales en la muerte de 156 personas y la desaparición de otras 25 la madrugada del 27 de febrero de 2010.
