Nuevas víctimas surgieron durante la investigación ordenada por el Ministerio Público respecto a las estafas a postulantes de subsidios de vivienda en la región del Bío Bío.

La investigación es realizada por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, a solicitud del Ministerio Público, por cobros ilegales de casi 50 mil pesos a postulantes de subsidios. El ilícito incluía documentos adulterados con firmas falsas de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, las que se están periciando por los expertos.

El trabajo policial está vigente, y por las características de las indagatorias, que incluyen el requerimiento de gran cantidad de pruebas, está con extensión de plazo. Más aún cuando aparecieron nuevas eventuales víctimas de la estafa.

El hermetismo de las fuentes policiales y políticas apunta a evitar interferir en las diligencias de la PDI, que solicitó el fiscal Guillermo Henriquez, especializado en delitos económicos.