El parlamentario Felipe Harboe desmintió lo indicado por un estudio realizado por la universidad San Sebastián, que daba cuenta de un aumento de morosos luego de la puesta en marcha de la Ley Dicom. Además Harboe señaló en entrevista realizada por Expreso Bío Bío, que el estudio fue financiado por la misma empresa cuestionada, Dicom.

Harboe aclaró que sólo en 25% de las personas que estaban en Dicom, volvieron a aparecer en los registros de deudores de la empresa. Con lo anterior destacó que el 75% de las personas que fueron borradas tras la implementación de la ley no han vuelto a figurar en la lista por deudas impagas. Esto quiere decir que 7 de cada 10 chilenos no reingresaron a la lista de Dicom, hecho que el parlamentario calificó como una buena noticia.

Respecto al 25% de personas que volvieron a aparecer en los registros, Harboe señaló que siempre existirá un grupo de morosos permanentes “a los que no les interesa pagar”.

Según el parlamentario el tema de fondo es el sobreendeudamiento observado entre septiembre de 2012 y octubre de 2013 en los jóvenes y la tercera edad, esto se debe que las personas ven la opción de endeudarse para sustentar bienes básicos, como la educación, vestuario y alimentación, entre otros. Lo que deja entrever malos sueldos y malas pensiones sumado a la falta de educación financiera de las personas.

Sin embargo Felipe Harboe acusa que esta situación se debe a la irresponsabilidad estructural de parte de los bancos y casas comerciales, al ofrecer créditos a personas que no pueden pagar. El parlamentario dio como ejemplo de esto a la Caja de Compensación Los Héroes, que vio un nicho de negocio en los adultos mayores más pobres del país, señaló.

“Los créditos tienen como fin hacer realidad un sueño futuro, sobre la base de un préstamo, pero cuando esto no puede ser pagado y trae angustia se transforma más en un sufrimiento para las personas” expresó.

Respecto al reglamento 153 impulsado por el Gobierno, que permite a una de las partes modificar el contrato, Harboe afirmó que los beneficiados serían los bancos y casas comerciales, nunca los consumidores, lo que a su parecer es ilegal, ya que la Constitución establece que las modificaciones contractuales deben ser modificadas por ley, no por un reglamento como en este caso.

Por lo anterior aseguró que se encuentra trabajando junto a un grupo de abogados para reclamar la inconstitucionalidad de este reglamento frente al Tribunal Constitucional, para así defender a los consumidores.

Escucha la entrevista completa realizada por Scarleth Cárdenas y Patricio Cuevas en Expreso Bío Bío.