Un informe elaborado por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Iquique, confirmó que la Universidad del Mar, lucró con la educación de sus estudiantes, a quienes además, estafó.

Entre las prácticas detectadas, se observó que los pagarés de los estudiantes eran traspasados a empresas de factoring. Así también, que del inmueble de la sede en Tarapacá, eran accionistas las mismas autoridades universitarias, quienes subían el precio del arriendo cada cierto tiempo.

El caso más evidente es el de la Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa Ltda., y de Comercial Vizu Ltda., ambas en las que participan como dueños los ex rectores Héctor Zuñiga y Raúl Baeza. A ello, se suma que el rector de Iquique, Daniel Greenhill, tiene un 40% de la Sociedad Educacional Aula XXI Ltda., similar a la del director de la Escuela de Derecho, Max Barrera, quien posee un 30%, en esa misma firma.

El vínculo ocurre en que Sociedad Educacional Aula XXI Ltda. posee un 5% de la Inmobiliaria e Inversiones Doña Teresa Ltda., así entonces, se observaba la creación de sociedades espejo para el pago de ellos mismos, controladores, según expuso El Mostrador.

Consultado, el presidente de los estudiantes de la Universidad del Mar, sede Iquique, Alejandro Silva, recordó que desde 2011 venían reclamando irregularidades dentro de la misma unidad.

“Hicimos manifestaciones que a fines de 2011 produjeron el autodespido del rector Greenhill, quien demandó a la Universidad por este tema y como la U. no se presentó, él ganó. Eso es lucro”, afirmó.

A su juicio, lo que ocurre en regiones en mucho peor de lo que se ve en la casa central de Viña del Mar.

“Acá ni siquiera tenemos División de Educación Superior que pueda intervenir las universidades”, comentó, agregando que prácticamente la casa de estudios es controlada por “decenas de empresarios, que son más poderosos los que lucran, como el jefe de carrera de la Escuela de Derecho, Max Barrera, que es dueño del mall Las Américas (de Iquique)”.

El abogado Matías Ramírez adelantó que con estos nuevos antecedentes, se solicitarán más diligencias, ya que creen que “hay una simulación de contratos, porque las partes que celebraban los contratos de arriendo eran las mismas. Como que el rector era dueño del inmueble. Firmaba como rector los contratos de arriendo con la empresa de la que también era dueño, o sea, fijaba a beneficio personal los costos”.

La Bridec estima que a marzo de 2013 la universidad debe más de $273 millones en sueldos impagos, aparte de las cotizaciones previsionales, que alcanzan los $314 millones.