El próximo 6 de septiembre se votará en el Senado un proyecto de ley que regularía el aborto terapéutico. Por ello Margarita Reyes, vicepresidenta de la mujer del PRSD, pide a la Cámara Alta la aprobación por unanimidad de la idea de legislar el tema. La propuesta busca reinstalar el aborto terapéutico que ya estuvo vigente en Chile desde 1931 hasta 1989 y fue derogado en el Gobierno Militar, antes de que se conformara nuevamente el Congreso Nacional.

Por esto la dirigente indicó que “las mujeres radicales pedimos a todos los Senadores de la República, que en su rol de representantes de la ciudadanía, no se nieguen a la idea de analizar y discutir este tema y que apoyen este nuevo intento de legislar y reivindicar con ello los derechos de miles de mujeres y familias que se han visto vulneradas y desprotegidas desde hace 22 años en nuestra patria”.

Reyes expresó que “en nuestro país los derechos humanos de las mujeres en sexualidad y reproducción no son reconocidos, respetados ni protegidos, el Estado es responsable directo de esta grave omisión”.

Además explicó que “si una mujer corre riesgo de vida y de salud por la gestación, si ésta es producto de violación, o si el feto presenta gravísimas malformaciones, se verá impedida de solicitar una interrupción segura y legal del embarazo, y si decide no continuarlo, deberá acudir al mercado ilícito del aborto clandestino”, puntualizó.

Agregó además que “entre 120 a 160 mil mujeres de distintas edades y condición social se realizan abortos clandestinos en el país, la mayoría de ellos insalubres, a manos de personas no capacitadas, corriendo el riesgo de ser denunciadas, encarceladas, maltratadas, e incluso de morir a causa de estos procedimientos riesgosos, o quedar con secuelas irreversibles, como la infertilidad. La penalización total del aborto constituye un grave problema de salud pública, pero también de derechos humanos y de justicia social, pues son las mujeres pobres quienes se ven gravemente afectadas por esta legislación punitiva”.

“La actitud del Estado contraviene el espíritu de diversos tratados de derechos humanos ratificados por Chile, como la Declaración Universal de DDHH, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, diversos Comités de la ONU han solicitado reiteradamente al Estado chileno reparar esta situación, sin obtener respuestas satisfactorias”, recalcó Reyes.

Finalmente, la vicepresidenta radical invitó el martes 6 de septiembre a las 12 horas a movilizarse y acudir al Congreso Nacional “para pedir y exigir que este proyecto sea aprobado en la idea de legislar, ojalá por unanimidad, debemos movilizarnos por los derechos mínimos de las mujeres y de las familias”.