El juicio contra el ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), sindicado por el desvío de unos 15 millones de dólares del Ministerio de la Defensa, inició este viernes en la capital de Guatemala.
Los debates iniciaron en el Tribunal Undécimo de Instancia Penal, presidido por la jueza Morelia Ríos, que había sido recusada por el abogado defensor, Telésforo Guerra, por supuesta parcialidad de la jurista.
El ex gobernante, también requerido por la justicia de Estados Unidos por supuesto delito de lavado de dinero, fue capturado en enero del año pasado, luego de dos años de estar en el país, tras ser extraditado de México en 2008.
En esa ocasión Portillo recuperó su libertad condicional, tras pagar una fianza de unos 125.000 dólares.
El recurso de la defensa y otro del Ministerio Público presentados el miércoles habían frenado el inicio del proceso.
En el caso también están vinculados los ex ministros de Portillo, Eduardo Arévalo Lacs (Defensa) e Hiram Maza Castellanos (Finanzas), por el supuesto desvío de 15 millones de dólares.
Paralelamente, el Ministerio Público apeló la decisión de Ríos, la noche del miércoles, quien cambió la prisión preventiva por la de arresto domiciliario a Lacs y a Maza.
Ríos alegó que no hay peligro de fuga de los dos ex ministros, fallo que avaló el tribunal.
La investigación contra el ex gobernante guatemalteco es encausada por la Fiscalía Especial para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por Naciones Unidas.
Tras el inicio de las deliberaciones contra Portillo, analistas resaltaron que ningún ciudadano debe estar sobre la ley.
Raquel Zelaya, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, dijo que enjuiciar a un ex presidente, para cualquier país, tiene dos implicaciones. “Por un lado reflejaría un sistema de justicia que no hace excepciones y por el otro, de encontrarlo culpable, políticamente será un golpe para su electorado”.
El analista político José Dávila manifestó que “en un buen sistema jurídico nadie está encima de la ley y así como puede llegar un ciudadano de la calle, puede llegar un Presidente”.
“La justicia debe cumplir su rol con objetividad y una correcta interpretación de las leyes y no debe estar contaminada con aspectos políticos, mucho menos de venganzas políticas, sino de hechos comprobados”, agregó Dávila.
El ex canciller Alfonso Cabrera puntualizó que hay dos implicaciones, “que la situación de la justicia está mejorando o que la política se está judicializando”.
De cualquier forma, asegura Cabrera, el exmandatario “debiera gozar de algunos privilegios como otros gobernantes juzgados en América”.
