Un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes y un gendarme fueron detenidos después de que el alcaide de la prisión acusará que el primero le había pagado 500 mil pesos al segundo para que modificara su certificado de conducta y los registros informáticos y así poder optar al beneficio de la libertad vigilada.

De acuerdo a lo que hasta el momento lleva la investigación, al cumplir la mitad de su condena el recluso podía optar por el beneficio dependiendo de su conducta, pero esta aparecía sólo como regular en el informe correspondiente, por lo que probablemente permanecería en el penal.

Debido a ello el recluso pagó a través de un familiar el medio millón de pesos al jefe de la Unidad Estadística para que alterara los documentos.

El gendarme hizo el cambió del informe de conducta a muy bueno y emitió el certificado de forma física que posteriormente envió al centro de Reinserción Social.

De esta forma el juzgado de Garantía de Los Andes concedió la libertad vigilada, con lo que el interno salió de la cárcel el día nueve de marzo, trasladándose a Santiago con una tobillera electrónica.

Pero, tras la denuncia del alcaide y la orden del Ministerio Público, fueron detenidos tanto el funcionario como el condenado, y hoy jueves en el juzgado de Garantía de Los Andes pasaron a control de detención y fueron formalizados.

Ricardo Reinoso, fiscal jefe de Los Andes, informó que en la audiencia se determinó que los individuos quedaran en prisión preventiva y se les informó que en el caso se indagan los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y delitos informáticos.

El plazo de investigación fue fijado en tres meses y entre las diligencias figura el levantamiento del secreto bancario.