La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó este martes el recurso de protección presentado en contra de la gobernadora provincial, que ordenó el desalojo de 110 familias de campamentos que ocupan terrenos fiscales con servidumbres eléctricas y zonas de aluviones.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada rechazó la acción cautelar presentada por la Corporación Migr-Acción, tras establecer que el actuar de la Gobernación no es ilegal ni arbitrario, indicó el Poder Judicial.

“La mera conservación del patrimonio fiscal constituye razón suficiente para ello, lo cierto es que, en este caso, se ha mensurado la conveniencia de los propios afectados pues resulta evidente que está en juego su integridad física e incluso la vida de cada uno de los grupos familiares, en la medida que sus viviendas se encuentra sitas en franja de seguridad por la existencia de tendidos eléctricos y, además, por ser zona de aluviones”, estableció el fallo.