Falta de información existe en torno a la implementación de la ley que despenaliza el aborto en tres causales, debido a que a partir de su promulgación, el 14 de septiembre pasado, el Gobierno cuenta con 90 días para elaborar los reglamentos que permitirán la entrada en vigencia de la normativa y definir su funcionamiento.
Ante la pregunta de qué ocurriría en el caso de que una mujer quisiera y pudiera acogerse a la normativa, el vicepresidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Omar Nazzal, estima que son las propias instituciones de salud las que sabrán resolver la situación de dicha paciente, si derivarla o atenderla para hacer cumplir la ley.
Una situación que desde el Gobierno estiman debe ser resuelta por los facultativos, según lo explicó el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows.
Confusión que se genera porque los servicios y centros de salud no cuentan con un instructivo sobre esta materia, que defina la ejecución de la normativa hasta la presentación del reglamento que se estima para mediados de diciembre.
La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Roman, cree que el sistema de salud chileno está en condiciones de recibir sin problemas a una paciente que requiera interrupción de su embarazo por alguna de las causales.
El Ministerio de Salud, en tanto, encabeza una mesa técnica abocada a definir la codificación de las prestaciones que cubrirá Fonasa en el caso de las tres causales. En base a eso, las Isapres estarán obligadas a incluirlas en sus planes.
