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Provincia argentina defiende sus intereses tras querella contra Los Pelambres por contaminación

Minera Los Pelambres
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El 19, 20 y 21 de octubre deberán presentarse el gerente y dos exgerentes de la minera Los Pelambres, de propiedad de los Luksic, ante la justicia argentina por una escombrera ubicada en la ciudad de San Juan.

Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery arriesgan hasta 10 años de prisión más una multa por el delito de contaminación.

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La minera Los Pelambres fue denunciada en 2014 por el proyecto minero El Pachón, de la empresa suiza Glencore, la que se encontró con la escombrera Cerro Amarillo, al querer instalarse en el territorio argentino.

La escombrera mide 105 hectáreas y tiene cerca de 70 metros de altura, y en ella se habrían arrojado residuos peligrosos entre 2007 y 2012.

Según consignó el periódico argentino Perfil, el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel, detalló que en la demanda se reclama por la presencia de la escombrera y se busca el retiro de los escombros, que indica que son sobrantes estériles del proceso minero.

Hensel agregó que también se exige una indemnización por daños y por el tiempo transcurrido desde que estuvieron ocupando parte del territorio del titular superficiario que sería Pachón.

Sin embargo, el abogado ambientalista, Enrique Viale, dijo a Perfil que se les llama roca estéril, pero que de estéril no tienen nada, ya que después del proceso de sacar los minerales los escombros que quedan contienen otras sustancias que al mezclarse con la lluvia forman el denominado “drenaje ácido”. Y que fue por este motivo que el senador Fernando ‘Pino’ Solanas trató el tema en la Comisión de Ambiente del Senado y presentó ante la justicia un escrito denunciando la violación a la Ley 24.051.

Además, pidió la inconstitucionalidad del acuerdo entre la minera Los Pelambres y el gobierno de San Juan, por violar el último párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional.

El ministro Hensel señaló que tras enterarse acerca del reclamo, se intervino en la causa judicial sobre la base de la preservación de los derechos de la población de gozar de un ambiente sano.

Además detalló al medio argentino que cuando llegó al ministerio en diciembre de 2015 se encontró con un decreto sobre la base de lo que se había planteado en la órbita judicial y se creó una comisión de verificación del aislamiento de la escombrera, ya que la provincia reclamaba el aislamiento absoluto y sustentable, “más allá de cualquier otro tipo de discusión que pudiese haber en la causa”.

Además, destacó que tanto Pachón como Los Pelambres consintieron en que a San Juan se le otorgara participación en defensa de los intereses de la provincia.

Luego de esto, el juez requirió que Los Pelambres efectúe el aislamiento, tras lo cual deberán ser fiscalizadas las obras y se deberá realizar un monitoreo de las aguas superficiales y subterráneas en distintos puntos de la zona de la escombrera, con una frecuencia mensual por un periodo de cinco años.

Hensel sostuvo que con el aislamiento -que requerirá tramitar permisos y autorizaciones para habilitar pasos ocasionales- se pretende brindar una solución inmediata a la provincia, ya que el juicio puede llevar años.

Asimismo, indicó que este acuerdo es sin perjuicio de lo que pueda resolver un órgano bilateral o supranacional o lo que se resuelva en el juicio, ya que a la provincia le importa el aspecto ambiental.

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