Emiliano Arias, fiscal a cargo del caso Corpesca, explicó que en el marco de la investigación que lleva a cabo para esclarecer los financiamientos irregulares en la política, incluirá a otras empresas -además de la del grupo Angelini-, entre ellas, pesqueras que operan en la Región del Bío Bío.

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En entrevista con La Tercera, Arias señaló que se trata de entidades que en su mayoría pertenecen a la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). Sin embargo, declinó profundizar en detalles argumentando la reserva de nuevas aristas en la indagación.

“Sin decir que los hechos investigados son delito, dan cuenta de un grupo de organizaciones dedicadas a una actividad económica que es la pesca, interesados en que se mantengan ciertas normas de una ley y que enfrentados a un proceso de reforma, se ven en la necesidad de interferir a fin de proteger sus intereses”, sostuvo.

En ese contexto, explicó que aquello “no es ilícito desde el punto de vista económico. Si una ley los va a afectar, las empresas de ese sector hacen lobby y ejercen presión en los parlamentarios de su zona, o de la comisión respectiva con el objeto de que salga la nueva ley favorable a sus intereses”.

Arias indicó que en total se han configurado tres hechos relevantes en el marco general de la investigación.

El primero trata de correos electrónicos entre representantes de la industria pesquera que evidencian coordinación para ejercer lobby sobre parlamentarios. El segundo, el hecho de que casi todas las empresas vinculadas a asociaciones del norte, centro y sur del país han realizado ante el SII rectificatorias de impuestos no pagados en 2012, año en que se tramitó la modificación legal.

Por último, además del caso Corpesca, -donde según la fiscalía estarían acreditados incentivos a parlamentarios, como el senador Jaime Orpis-, se profundizará en los pagos recibidos por el hoy diputado Iván Fuentes de pesqueras de Coyhaique, algunos de los cuales fueron gestionados por el senador Patricio Walker.