Hasta 130 pesos por litro de leche estarían pagando las empresas Watt’s, Soprole y Nestlé –que manejan sobre el 50 por ciento de la industria– a los productores lecheros del país.
Sin embargo, éstas estarían cobrando hasta 4,5 veces más que eso a los consumidores, situación que, según los parlamentarios de la comisión de Agricultura y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), es abusivo.
Por lo anterior, la Corporación se sumó a una denuncia por distorsiones graves del mercado lechero ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE), interpuesta hace un mes por los legisladores.
El diputado de la Democracia Cristiana (DC), y presidente de la comisión de Agricultura, Iván Flores, aseguró que desde 2013 que se vienen cometiendo abusos por parte de la industria.
De esta manera, se espera que la Fiscalía investigue todo el mercado, incluyendo locales de venta como supermercados, los que podrían estar fijando los altos precios de venta.
Además, Flores consideró que la industria lechera está funcionando como un monopsonio en desmedro de los pequeños agricultores.
El presidente de la Conadecus, Hernán Calderón, detalló que los chilenos pagan incluso sobre los 900 pesos por litro de leche y por lo mismo de sumaron a la denuncia de los parlamentarios.
El directivo espera que la Fiscalía investigue una posible colusión de las empresas, que daña a los compradores y productores que están desapareciendo, como ocurrió durante el verano, en la región de Los Ríos, donde aproximadamente 28 agricultores dejaron de vender leche.
Además, los diputados pidieron al ministerio de Agricultura que se restablezca el diálogo en la mesa de la leche, que incluye a las autoridades de la cartera, los productores e industrias. Mesa que, según ellos, no se junta hace 3 años.
El diputado por la región de Los Lagos, y también parte de la denuncia, Javier Hernández (UDI), estimó que el diálogo se terminó cuando se quiso hablar de precios.
Conadecus aseguró que el daño se le ha hecho a la industria nacional, lo que incluso ha permitido que se importe leche al país con menor precio de venta que la chilena, situación que -a la larga- podría hacer desaparecer a los pequeños productores de un país donde se consume cerca de 90 litros de leche por persona al año.
