Corría julio de 2013 y el presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, presidieron la ceremonia en donde la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL), filial de OHL Concesiones, suscribieron el contrato de concesión para la construcción y posterior operación de la nueva Terminal 2 del Puerto de Valparaíso.
Todo era felicitaciones y buenos deseos para la empresa concesionaria, que asumía el desafío de construir y operar un proyecto que se esperaba que duplicara la capacidad actual del Puerto de Valparaíso, y que había ganado la licitación en abril de ese año y por otros 30 años más.
En esa línea, el presidente de EPV de la época, Mikel Uriarte, destacó que “este proyecto asegurará al país la capacidad portuaria necesaria para enfrentar el crecimiento económico y continuar mejorando su competitividad en la región y el mundo. Asimismo, es una gran noticia para Valparaíso, pues significa una importante inversión, un aporte al empleo y un desarrollo armónico del puerto con la ciudad que lo identifica”.
Y es que la propia empresa destacaba que con una inversión prevista de 270 millones de euros, este proyecto estaba pensando para disponer de un muelle marginal de 725 m, 16 m de calado, 14 hectáreas de superficie de explanada y otras 11,10 de área de respaldo, y capacidad para atender un movimiento de 1.000.000 TEU al año.
“Junto a EPV, vamos a concretar una expansión que permitirá cubrir las necesidades de tránsito marítimo del país para los próximos 15 años”, señaló en la oportunidad Juan Luis Osuna, consejero delegado de OHL Concesiones y presidente de la sociedad concesionaria TCVAL.
Sin embargo, con el paso del tiempo el proyecto lejos de reflejar un motivo de orgullo para Valparaíso, se ha transformado en un nuevo foco de polémica.
El “lobbista” Durán llega a OHL
Dos años más tarde, y comenzaron a aparecer las primeras dificultades para OHL, luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) empezara a indagar la modificación en el manual de servicios del ahora cuestionado proyecto, según publicó el portal Mundo Marítimo.
Lo anterior, luego que en abril de 2015 un cambio en el documento “privilegió” el desembarco de carga en dos de los tres sitios de atraque, el 7 y 8, dejando el desembarco de pasajeros confinado a uno solo, el 6.
Sin embargo, desde la empresa se informó que la modificación estaba autorizada por la Empresa Puerto de Valparaíso, y que todo se trataba de un pronunciamiento que se le solicitó a la FNE ante la duda que generaba el cambio respecto de la norma de regulación del Tribunal de Defensa de Libre Competencia.
Unos meses más tarde, en diciembre, llega a OHL Agencia en Chile Roberto Durán De La Fuente, consultor en posicionamiento estratégico y relaciones institucionales, para asumir el lobby de la empresa, tal como consta en el registro de lobistas que fue creado en la nueva legislación.
Según publica El Líbero, tras la llegada de Durán -quien es hermano de Luisa Durán, otrora Primera Dama y esposa del expresidente Ricardo Lagos- rápidamente se logró concretar la modificación de la claúsula de salida del contrato de concesión.
Llama poderosamente la atención la rapidez del trámite, tomando en cuenta la composición del directorio de la estatal EPV, que tiene entre sus miembros a operadores políticos de partidos de la Nueva Mayoría y exministros de Lagos.
De ellos, destaca el presidente del directorio, Raúl Urzúa Marambio, quien asumió en junio de 2014 hasta octubre de 2019, por poco más de 21 millones mensuales ($21.892.000). Recordemos que el técnico superior en comercio exterior, es un reconocido militante de la DC.
Pero también aparece Sonia Tschorne Berestersky como vicepresidenta, cargo por el cual recibe poco más de 10 millones de pesos ($10.622.000). La arquitecta y magíster en planificación urbano-regional, fue ministra de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales durante el Gobierno de Ricardo Lagos.
Por último, también figuran como directores Raúl Erazo Torricelli, ingeniero civil, y Juan Antonio Gajardo López, profesor de Estado, ambos con una remuneración de casi 11 millones ($10.946.000). Cabe destacar que Erazo se desempeñó como subsecretario de Transportes del anterior gobierno de Bachelet y como asesor del MOP, mientras que Gajardo es miembro del Tribunal Supremo del Partido Comunista.
La polémica modificación
Pero más allá de “extraña” rapidez con la que se concretó el cambio, ahora la polémica quedó instalada con la modificación en el contrato, que establece nuevas fechas para que la empresa Terminal Cerros de Valparaíso (Tcval) pueda ejercer su derecho para desistir de continuar explotando el recinto.
Según consta en el hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, se extendió en un año el plazo para decidir una eventual salida, con lo cual consiguieron el “privilegio” de operar hasta 36 meses desde la entrega de la concesión, periodo que termina en diciembre de este año.
Según señaló en su oportunidad a El Mercurio de Valparaíso el entonces gerente general de EPV, Gonzalo Davagnino, este cambio “significa mantener las mismas condiciones suscritas en el marco del contrato de concesión inicial, y lo que hicimos junto al concesionario Tcval fue buscar actualizar los alcances contractuales atendiendo el contexto de mercado, y teniendo siempre a la vista el bienestar del puerto, trabajadores y su comunidad”.
Mientras que el gerente general de Tcval, Álvaro Espinosa, apuntó a que la modificación les facilitará “consolidar todos los estudios adicionales requeridos por la autoridad para evaluar las factibilidades del proyecto en cada una de sus dimensiones”.
Y es que aún el proyecto no ha logrado la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por parte de las autoridades de Medio Ambiente. Esto, debido a las más de 600 observaciones que tiene el proyecto, y que además debe cumplir con los requerimientos de la Unesco, debido a que Valparaíso es Patrimonio de la Humanidad.
Por lo mismo es que esta situación es vista con pesimismo por algunos sectores, como por ejemplo el presidente de la Cámara Aduanera, Felipe Santibáñez, quien señaló al mismo matutino que “lo encuentro poco estimulante para el futuro por lo tanto creo que este tipo de cosas no agregan ni suman a las confianzas, todo lo contrario, generan más incertidumbre. Para mí es una muy mala señal en una época en que necesitamos infraestructura. Es un traspié”.
En la misma línea, el vicepresidente del Colegio de Arquitectos de Valparaíso, Daniel Morales, se lamentó de la decisión que a su juicio “en vez de presionar al concesionario para que mejore el diseño o la ubicación del Terminal 2, lo que ha hecho es alivianarle la carga, a cambio de un pequeñísimo porcentaje de la utilidad que éste generará en la extensión de tiempo otorgada”.
Utilidad que se traduce en una compensación cercana a los 3 millones de dólares, y un aporte extraordinario al Fondo de Responsabilidad Social Empresarial por 400 mil dólares, es decir, unos 200 millones de pesos de la época.
