Controversia a nivel mundial generó la noticia de que la justicia de Senegal obligó a una niña de 10 años a continuar con su embarazo de gemelos, fruto de una violación, tras rechazar la solicitud de un grupo de derechos humanos para practicarle un aborto.
La menor vive en la localidad de Ziguinchor, al sur del país africano, y su caso ha sido denunciado como una muestra de los duros efectos que tiene su legislación en materia de abortos, la cual data de tiempos napoleónicos, cuando Senegal era una colonia francesa.
“Va a tener que seguir con su embarazo. Lo único que podemos hacer ahora es presionar a las autoridades para que la niña reciba controles regulares y tratamiento médico gratuito”, indicó la representante de la Asociación de Abogadas de Senegal, Fatou Kiné Camara.
Según describe el diario británico The Guardian, la ley de abortos en Senegal es una de las más estrictas y fatales de África, permitiendo el aborto sólo cuando el embarazo reporta peligro inmediato a la vida de la madre. Un médico que acceda a realizar un aborto en otras circunstancias arriesga perder su licencia para ejercer, mientras que la mujer que abortó puede ser condenada hasta a 10 años de cárcel.
De hecho, sólo en los primeros 6 meses del año pasado cerca de 40 mujeres fueron detenidas por cargos relacionados con aborto o infanticidio. Peor aún, cifras de organismos humanitarios estiman que cientos de mujeres mueren cada año en el país tras realizarse abortos de forma clandestina.
Sin embargo el mayor reclamo de estos organismos es que el acceso a un aborto está claramente divido entre ricos y pobres. Los primeros siempre pueden conseguirlos en clínicas privadas, mientras que estos últimos deben pasar por un intrincado sistema legal o recurrir a métodos clandestinos.
“Para que un aborto sea legal en Senegal, 3 médicos deben certificar que una mujer puede morir salvo que su embarazo llegue a término de inmediato. Las personas pobres en este país tienen suerte si pueden ver a un médico una vez durante su vida. Ni hablar de 3″, indica Camara, agregando que obtener un certificado médico cuesta 10.000 francos centroafricanos (unos 10.000 pesos chilenos), costo prohibitivo para los más vulnerables.
“Antes habíamos visto el caso de una niña de 9 años embarazada tras una violación, a la que también se la obligó a seguir con su embarazo. Nosotros pagamos su cesárea, pero murió algunos meses después de nacido el bebé ya que, al parecer, el trauma físico del parto fue más de lo que pudo soportar”, concluye la jurista.
Ahora, la Asociación de Abogadas de Senegal está luchando porque el país adhiera a la carta de derechos de la mujer africana, la cual estipula que se debe garantizar el acceso al aborto en los casos de violación o incesto, así como cuando la salud física o mental de una mujer esté en riesgo.
