Investigación sobre protección de personas autistas destaca: acceso a la justicia y cambios en leyes

El último informe publicado sobre vigilancia de trastorno de espectro autista (TEA) en Estados Unidos (2020), reveló que 1 de cada 36 niños fue diagnosticado con autismo a los ocho años, según señaló la división de previsión y control de enfermedades del Ministerio de Salud.

En Chile, existe la ‘Ley TEA’ la cual establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con autismo en el ámbito social, de salud y educación.

Protección de la neurodivergencia

Ante este contexto, la Dra. Francisca Barrientos, investigadora del Instituto de Investigación en Derecho (IID) de la Universidad Autónoma de Chile, desarrolló una iniciativa que fomenta la protección de la neurodivergencia con acceso a la justicia y la necesidad de modernizar las leyes.

Respecto a esta necesidad, Barrientos comentó que “en algunos casos las personas autistas no pueden celebrar contratos o contraer matrimonio, o a nivel educacional si bien tienen acceso, hay un problema de mantención, que se ve reflejada en la desescolarización o la rebaja de jornadas escolares. También hay falencias en el ámbito de la salud, hay mucho desde dónde se puede investigar”.

“La neurodivergencia es una forma de pensar, de sentir y vivir las emociones de una manera distinta, y en ella están considerados: el autismo, la discalculia, la dislexia y el síndrome de tourette”, aclaró la investigadora.

Entre las conclusiones destaca la falta de lenguaje claro y sencillo en las atenciones de establecimientos de salud, educacionales, bancarios y supermercados.

Sobre estas consideraciones, Barrientos señaló que “desde la perspectiva jurídica, en Chile enfrentamos una situación particular: las leyes aún emplean términos que cargan connotaciones peyorativas.

“Mientras tanto, a nivel internacional se avanza reconociendo, aunque sea evidente, como personas. En este contexto la Universidad Autónoma impulsa esta investigación orientada a generar un cambio en las leyes y que impacte en la vida de quienes se ven directamente afectados”, concluyó la académica.