La política de la selfie: ¿y si eliminamos las redes sociales de las autoridades?

En un contexto donde la política se encuentra cada vez más mediatizada, no es raro ver a alcaldes, concejales, ministros y seremis compartiendo su día a día en redes sociales. Pero lo que empezó como un ejercicio de cercanía, se ha transformado en una verdadera industria de autopromoción.

Política de la selfie y la personalización extrema del poder

Hoy, las autoridades no solo tienen perfiles personales en redes sociales, sino que suelen estar acompañadas de equipos completos dedicados a construir una imagen: fotógrafos, community managers, diseñadores, editores de video… todo para alimentar una narrativa cuidadosamente curada en la que la autoridad es protagonista, en lugar de actuar como canal transparente de información institucional.

El problema no es la tecnología en sí, sino la lógica de personalización extrema del poder. Las autoridades dejan de representar una institución para pasar a representar su “marca personal”, difuminando los límites entre lo institucional y lo autopromocional. Información que debiera comunicarse mediante los canales oficiales —con vocería técnica, contexto y foco público— es reemplazada por stories, reels y frases inspiradoras que poco aportan al debate.

A esto se suma otra realidad clave: las redes sociales no llegan a todos. Según datos del INE y estudios como “Hogares Conectados” de Fundación País Digital, el 69,5 % de los hogares sin acceso a Internet tiene a alguien mayor de 60 años como jefe de hogar, y muchas veces viven solos Fundación País Digital.

Según la CASEN 2017, solo el 31,5 % de los mayores de 60 años declaró usar Internet, y menos del 23 % realiza trámites en línea. A pesar de avances posteriores, un informe de Fundación País Digital señala que solo el 42 % de los mayores habría utilizado Internet en los últimos 30 días.

Estas cifras dejan en evidencia que basar gran parte de la comunicación pública en redes sociales personales refuerza una exclusión digital que afecta especialmente a quienes más han servido a nuestra sociedad. No son ellos quienes realmente manejan estas cuentas, sino equipos profesionales que editan, filtran y administran el contenido. Entonces, ¿por qué seguimos fingiendo que es la “autoridad” quien habla directamente?

El cargo es transitorio, pero la función pública es permanente

En un país donde más del 19 % de la población tiene 60 años o más, y se proyecta alcanzar el 31 % para 2050, exigir que la comunicación oficial fluya por canales institucionales y no personales es una demanda de sentido común y justicia.

Volver a una comunicación pública sobria no significa renunciar a transparencia o participación. Al contrario: es poner el foco en el contenido por sobre la imagen. Es restituir el protagonismo a la institución, por sobre el individuo. Y recordar que el cargo es transitorio, pero la función pública es permanente.