El ordenamiento territorial en la región metropolitana de Santiago establecido en el año 1994 en el instrumento normativo Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), abarcando en la actualidad a 52 comunas, buscando el equilibrio en el uso del suelo rural, es decir, para lograr el bien público de la sustentabilidad, define entre otras con suma claridad cuáles son las áreas de valor natural y las de interés silvoagropecuario, las que se emplazan más allá de los límites urbanos.
Por falta de espacio, no tiene sentido referirnos a todas sus diferentes clasificaciones y por ello solo diremos en qué consisten y cuales actividades productivas se pueden realizar en las áreas de interés agropecuario exclusivo. En efecto, son aquellas con uso agropecuario, cuyo suelo y capacidad de uso agrícola debe ser obligatoriamente preservado, por ende, el mercado les asigna un limitado precio en sus transacciones comerciales.
En esos territorios las autoridades competentes podrán autorizar la instalación de agroindustrias que procesen productos frescos, siempre y cuando sus inversionistas obtengan los informes favorables de los organismos, instituciones y servicios de la administración. Como observamos, en este tipo de suelos no se pueden ejecutar negocios inmobiliarios de viviendas, lo que saben muy bien todos aquellos funcionarios públicos que ejercen cargos en las municipalidades y en los distintos servicios dependientes de los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Vivienda y Urbanismo, además de la Contraloría General de la República, Consejo de Defensa del Estado (CDE) y tribunales superiores de justicia.
Ahora bien, la semana pasada una conocida arquitecta me invitó a recorrer el camino Pie Andino, inicialmente privado, que conecta discurriendo por territorios definidos como áreas de preservación ecológica, las comunas de Lo Barnechea y Colina. En la actualidad esta serpenteante y peligrosa vía es pública, administrada por el ministerio de Obras Públicas (MOP). En nuestro paseo detectamos unas postaciones eléctricas que llegan al proyecto inmobiliario ilegal denominado La Cumbre, obra por la cual el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso, hace unos 6 meses atrás, una querella criminal en contra de sus propietarios. Pero, demostrativo del laissez faire imperante en Chile, ese proyecto no tenía paralizadas las faenas.
En vista de ello, debido a que la postación eléctrica es improcedente, por twitter la denunciamos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) y por mail a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Al propio CDE le manifestamos que su enérgica querella en contra del negocio de La Cumbre no está produciendo consecuencias.
En nuestro recorrido nos encontramos con un elegantísimo condominio sumamente cerrado llamado “Viñas de Chicureo” de la empresa Indesa, del empresario Nicolás Ibáñez, situado en el camino El Algarrobo 105, sector rural que pertenece a la comuna de Colina, en el cual se aplicó el DL 3.516 de 1980 que permite las subdivisiones prediales para fines agrícolas, ganaderos y forestales, impidiendo la conformación de condominios de viviendas. Ver link.
La publicidad habla de “su casa en un parque” y por mera curiosidad, después de llamados telefónicos a la empresa, pudimos conocerlo y verificamos que está compuesto de 35 mansiones de lujo en terrenos de 5.000 m2 cada una de ellas, con un estupendo paisajismo incluyendo piscinas las casas y los precios de esas viviendas unifamiliares oscilan entre las UF 25.000 y UF 28.000 (en promedio $ 850.000.000 cada una de ellas). Quedamos maravillados con el proyecto tan bien concebido por el arquitecto Gonzalo Mardones, a quien lo felicitamos por su magnífica obra habitacional.
Pero, siempre hay un pero, el terreno en donde se localiza dicho distinguido condominio, dirigido exclusivamente a la elite, tiene un uso de suelo tipificado en el PRMS como área de interés agropecuario exclusivo, cuyas características se mencionan en el 2° párrafo de esta columna de opinión. En consecuencia, ahí no están admitidas las viviendas y por ello sería necesario que Ángela Prado, directora de Obras Municipales de Colina informe cual fue la extraña razón que tuvo al otorgar el permiso para actividades prohibidas en ese terreno. Seguramente ella se mantendrá en silencio, pero con esta publicación se evidencia el vicio cometido.
En resumen, Nicolás Ibáñez, dueño de la privada Universidad Adolfo Ibáñez, propiciador y financista de la muy neoliberal “Fundación para el Progreso”, compró en un muy bajo precio un terreno rural que no posibilita la construcción de viviendas, las que ahora debido a la corrupción imperante, las ofrece en el mercado en casi un millón de dólares cada una. Digamos en todo caso que esas casas, como lo dice su publicidad, ya se vendieron casi todas.
Debido a que, en nuestra entretenida excursión por territorios rurales de Colina, detectamos una infinidad de condominios con parcelas de agrado de 5.000 m2, con sus viviendas ya edificadas, conjuntos que, en todo caso, no estaban tan bien diseñados como el denominado “Viñas de Chicureo”. Así las cosas, para no exigirle tanto trabajo a la función pública, he decidido no denunciar esta situación en la Contraloría y solo mantener este texto como un testimonio del laissez faire imperante.
Así funciona el sistema económico en Chile, concluyendo que para ser exitoso hay que tener extrema viveza y buenos contactos con la desvergonzada administración del Estado, dejándose en claro que esta violación a las reglas del juego del urbanismo nunca será abordada por los canales de televisión ni por los medios de prensa que se autocalifican de “serios”.
