El aumento sostenido de la expectativa de vida y la disminución de natalidad en nuestro país, ha provocado un aumento en la población de personas mayores.

Este fenómeno es el resultado de la modernización y mejoras en las tecnologías médicas que han alterado las determinantes sociales, impactando directamente en la disminución de la mortalidad, generando que las personas mayores sean actores fundamentales en la sociedad.

En este sentido, el desafío estatal a través del trabajo social consiste en asegurarles condiciones de vida dignas, mejorando su envejecimiento activo, el acceso a prestaciones de salud, ingresos económicos, inclusión, valoración y el respeto que les corresponde en su cotidiano vivir.

Hoy, las políticas públicas solo se enfocan en personas mayores en condición de vulnerabilidad, a quienes se les proporciona conocimiento y oportunidades para su desarrollo personal, cognitivo, físico e instancias de participación social con un enfoque meramente recreativo, procurando retrasar sus niveles de dependencia. Sin embargo, estas políticas deberían generar iniciativas de empleabilidad y ocupación, mediante acciones que permitieran la reinserción laboral y social efectiva, considerando la disposición, capacidades e intereses de este grupo etario.

Desde las políticas públicas, se mantiene el desafío de generar un diagnóstico adecuado, que permita una correcta evaluación de los factores que favorecen el envejecimiento activo, asimismo el reconocimiento de los diversos aportes que esta población está dispuesta a continuar entregando a la sociedad. Esto requiere de la construcción de una política social con carácter universal, que permita ir superando los enfoques restrictivos de focalización como ha sido hasta ahora en nuestro país.

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