Quienes defendemos un modelo económico debemos ser los primeros en denunciar los abusos de las empresas: El actuar de Metrogas no tiene justificación y que exista un resquicio legal no lo hace legítimo, sino que sigue siendo un abuso en contra de los clientes.
El 2016 se hizo una modificación a la legislación donde se reguló las rentabilidades de ciertas empresas de sectores como el gas natural. Esa regulación tiene sentido, porque como se trata de un mercado que cuenta con barreras de entrada, está en una situación de competencia imperfecta.
Cuando esto sucede surgen los oligopolios, que es una situación del mercado en la que el número de oferentes es muy reducido, de manera que controlan y acaparan las ventas de determinados productos como si hubiera monopolio.
Los monopolios naturales que están dentro de la competencia imperfecta son aquellas actividades de servicios a clientes finales, cuyo volumen de inversión es tan grande que sus costos marginales son decrecientes, como por ejemplo: Producir un kilowatts adicional en una central hidroeléctrica tiene un costo marginal de cero.
Metrogas tuvo que realizar una enorme inversión, ya que para abastecer de forma permanente a los hogares de sus clientes tuvo que romper calles e instalar ductos. Esto hizo que se produjera un monopolio natural, ya que es difícil que surja otro competidor, puesto que para llevar a un mismo domicilio el gas natural tendría que volver a hacer hoyos en las calles. Por tanto, al ser un monopolio natural debía existir regulación de rentabilidad, como se hizo el 2016.
Para evitar esta regulación, usando un resquicio legal, Metrogas creó una empresa “espejo” para la distribución del combustible y así demostrar tener una menor ganancia. Eso le permitió cobrar hasta un 20% más a los hogares en el precio final del gas natural durante 5 años, obteniendo así nada menos que 394 millones de dólares de ganancia.
En términos de eficiencia aparte de que le estableciera un máximo de rentabilidad, no se ve razón para que Metrogas -que compraba gas licuado y lo traía a su centro de distribución, lo metía a las cañerías y lo entregaba a sus clientes- creara otra empresa para desintegrar de manera vertical y crear una filial, que es la que compra todo y se lo vende a Metrogas.
En resumen: Para cobrar más a sus clientes, aumentando sus costos en la compra de gas, Agesa compra el gas y se lo vende a su matriz Metrogas. Esta figura está en el borde de la ética de los mercados. Es ilegítimo e inmoral. ¿Por qué? Porque prácticas como las de esta empresa no sabemos hasta dónde pueden llegar y además podrían incentivar a otras a hacer lo mismo.
Existe una total falta de ética en su práctica de desintegrar su mercado, tratándose de una empresa enfrentada a una regulación en el precio final, pues quien ingresa a un mercado que es monopólico conoce las condiciones en las que lo hace y sabe que no se puede aprovechar de su situación.
Es más, esta empresa además de no dar cuenta del abuso en contra de la buena fe en la libertad económica que ha cometido, no asume su mal actuar ni compensa a sus clientes por su falta de ética, sino que se burla de ellos diciendo que no le corresponde la aplicación de la Ley del Consumidor, puesto que su filial Agesa no tiene relación con los clientes.
En este caso también queda en evidencia la ignorancia y/o la falta de prolijidad del gobierno y de los congresistas de la época y sus asesores, ya que la ley para regular las ganancias fue presentada el 2015 por la expresidenta Bachelet y la desintegración de Metrogas fue el 2016 cuando se tramitaba el proyecto, el cual fue aprobado y publicado en febrero del 2017.
O también quizás hubo un mal actuar de Máximo Pacheco – actual presidente del directorio de Codelco – quien estaba al tanto de «la integración vertical y horizontal en el mercado del gas». Por lo demás, en septiembre del 2016, cinco meses antes de la promulgación el mismo Gobierno de la expresidenta Bachelet presentó una excepción a la compra de gas entre empresas relacionadas para aquellos casos registrados con anterioridad a la publicación.
Lamentablemente es imposible saber el contenido de las 21 reuniones ocurridas entre 2015 y 2021 entre las autoridades del Ministerio de Energía y Metrogas. La ley del lobby no exige detallar los temas tratados en las reuniones.
Quienes defendemos un modelo económico, debemos ser los primeros en denunciar estos abusos de las empresas, pues de lo contrario dejamos la puerta abierta para que quienes son contrarios por medio de mentiras puedan engañar a la ciudadanía y las fake news abundan en las redes.
Por otro lado, ni el modelo socialista, socialdemócrata, ni social de mercado están a salvo de la corrupción de los personeros de Gobierno. Solamente la libertad de prensa y exigir transparencia a los organismos reguladores nos permitirán enfrentar la corrupción y a quienes intenten abusar del sistema.
