En Chile la falta de inversión en infraestructura y regulaciones poco flexibles limitan el emprendimiento científico desde las Universidades Estatales.

Las empresas de base científico-tecnológica nacen en su mayoría desde el postgrado, que son contratados por la Universidad o en la empresa asocian a algún académico. Esto implica que los dueños de la empresa pasan a ser funcionarios estatales y deben regirse por la Ley de Probidad, que les impide realizar comercializaciones o relaciones contractuales por montos superiores a 200 UTM; por ejemplo, no pueden participar en licitaciones por estos montos o superiores, debiendo recurrir, necesariamente, a la inversión privada para avanzar con sus proyectos.

La mayoría de los emprendimientos científicos requieren apoyos de 5 años o más para despegar a nivel comercial. En este escenario, es que se deben flexibilizar las normativas estatales, permitiendo por ejemplo que investigadores trabajen asociados a una entidad privada como parte de su jornada laboral y/o puedan elegir diferentes proveedores por servicios específicos, sean nacionales o extranjeros que cumplan con las especificaciones técnicas que requieren para ser competitivos en el desarrollo de los productos de sus empresas.

Asimismo, debemos aunar esfuerzos para que las condiciones entre planteles públicos y privados sean iguales, desarrollando alianzas que beneficien la innovación y la transferencia tecnológica, apoyado de un mayor control si se requiere.

Fabiola Vásquez
Coordinadora Unidad de Transferencia Tecnológica UFRO

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