En nuestras últimas intervenciones en la prensa escrita y televisiva hemos señalado la urgencia de que el ejecutivo auspicie una medida contundente como lo sería una renta básica, sin condiciones ni letra chica, para los hogares chilenos.
Día a día, las profesoras y profesores somos testigos del drama de las familias en medio de la crisis sanitaria, económica y social más grave de los últimos tiempos. Nos toca vivir y seguir de cerca el drama de la enfermedad y la muerte de los seres queridos de las comunidades escolares, y también de las profundas carencias económicas resultantes de las restricciones que han impedido que millones de personas puedan realizar sus actividades laborales de manera normal o que, simplemente, no las puedan desarrollar, ahondándose, con ello, las dificultades de acceso a la alimentación, la salud y la educación que ya experimentábamos desde antes de iniciarse la pandemia.
Para algunos una determinación de este tipo puede parecer una desproporción, como si no bastaran los testimonios dolorosos que se pueden encontrar por doquier. Lamentablemente parte de esas personas están en la posición de tomar las decisiones que impactan a todos los compatriotas y que, hasta el momento, han develado, una vez más, una ideología que prioriza lo económico por sobre lo humano, la productividad por sobre la salud física y mental de la población.
Para las autoridades de gobierno no son suficientes los testimonios de las chilenas y los chilenos, ni tampoco los indicadores sanitarios y económicos que deberían hacerles entrar en razón. Hasta hace poco observábamos que las cifras de contagio y positividad del virus estaban en niveles altísimos, experimentándose una baja en los últimos días, pero cabría dudar de ello dado la menor cantidad de testeos. Otro tanto se aprecia en relación a la ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos de los centros asistenciales, en números críticos desde hace varias semanas. En lo económico se ha reportado la más fuerte caída del Producto Interno Bruto desde la crisis de 1982. En lo laboral hemos visto reducirse en cerca de 800 mil los puestos de trabajo, con un aumento del desempleo a cifras por sobre el 10%. A aproximadamente el 50% de la población no le alcanzan los ingresos para vivir y 2 millones de personas de “clase media” han caído en la vulnerabilidad. Y por si eso fuera poco, han surgido focos de desnutrición en los habitantes más vulnerables del país, flagelo propio de épocas pasadas.
Si todo lo anterior no sensibiliza a nuestras autoridades, ¿entonces qué?
Una Renta Básica por el tiempo que sea necesario para abordar la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas se justifica frente a la insuficiencia de los aportes directos del Gobierno de Sebastián Piñera.
El grueso de la crisis económica ha llevado a que los hogares se financien, de manera inaudita, con los ahorros de las Cuentas de Capitalización Individual, reservas que, aun cuando formen parte del fallido sistema de las AFP, deberían dedicarse exclusivamente al objetivo para las que fueron destinadas originalmente.
Las profesoras y profesores de Chile esperamos que las gestiones que por estos días realiza el poder legislativo para establecer una agenda de “mínimos comunes”, y que ha estado precedida por la clara exigencia de las y los trabajadores hacia el Gobierno de Sebastián Piñera, arroje a muy corto plazo el resultado que todas y todos estamos esperando.
