El trilema de la justicia social y los límites de la transparencia

Cada 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social con el propósito de erradicar la pobreza, garantizar el bienestar universal y lograr la justicia para todos. Estos tres objetivos, llevados a su máxima expresión, configuran un trilema de difícil resolución.

Si entendemos, con Lawrence Lessig, que todo sistema social enfrenta trilemas entre fuerzas en tensión -como demostró en su análisis de la regulación de internet-, podemos trasladar esa lógica al campo de la justicia social.

Emergen así tres vértices en tensión permanente:

El primero es la eficacia redistributiva: la capacidad real de reducir la pobreza y proveer servicios.

El segundo es la libertad individual: el espacio para la autonomía y la iniciativa privada.

El tercero es la legitimidad social: el consenso establecido sobre la justicia del sistema.

La literatura sobre trilemas muestra que solo es posible optimizar dos de estos objetivos simultáneamente, asumiendo el costo irresoluble del tercero.

Cuando se optimizan la eficacia redistributiva y la legitimidad social, se configura un modelo de alto gasto público y de presión fiscal significativa. El costo recae sobre la libertad individual, restringida por la carga impositiva.

Esta legitimidad requiere concepciones compartidas del bien común que la neutralidad estatal no puede proporcionar. La transparencia aquí opera como condición de aceptabilidad, pero debe permitir no solo verificar el destino de los recursos, sino también reconocer que el sacrificio fiscal expresa una identidad colectiva.

Si se optimizan la eficacia redistributiva y la libertad individual, se configura una intervención estatal focalizada que respeta la dinámica del mercado. El costo es la fragilidad de la legitimidad social.

Quienes financian el gasto pueden percibirlo como confiscatorio. La injusticia aquí no es solo material, sino también simbólica: cuando los contribuyentes sienten que su esfuerzo no es valorado socialmente, el pacto se resquebraja. La transparencia mitiga la sospecha, pero una sociedad legítima exige más: ninguna institución debe humillar.

La tercera configuración optimiza la libertad individual y la legitimidad social, estableciendo un liberalismo de igualdad formal de oportunidades. El costo es la debilidad de la eficacia redistributiva: la pobreza persiste.

La justicia no puede entenderse mediante reglas abstractas desconectadas de prácticas comunitarias concretas. El valor de lo que se distribuye varía según cada comunidad. La transparencia sobre movilidad social expone brechas, pero si no respeta los significados sociales locales, su diagnóstico resulta ininteligible.

Ninguna arquitectura institucional optimiza simultáneamente los tres vértices. La justicia social no es un equilibrio armónico sino una tensión permanente. La transparencia no resuelve el trilema, pero introduce una condición democrática esencial: hace visibles los sacrificios.

Sin embargo, no basta con ver. La legitimidad duradera requiere que lo visto tenga un significado compartido, que los sacrificios sean reconocidos como expresión de una identidad colectiva y que ninguna institución humille. La transparencia informa, pero el reconocimiento transforma.