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En conjunto, el cuadro es de desgobierno y desconexión: decisiones estratégicas sin transparencia, mientras la comunidad -docentes, funcionarios y estudiantes- observa con creciente escepticismo cómo la universidad parece perder rumbo y propósito.
La columna vertebral de cualquier institución es el respeto irrestricto a sus normas democráticas. Cuando esa estructura se quiebra -cuando las reglas del juego dejan de respetarse- el cuerpo institucional se debilita y tambalea. En la Usach, esa columna vertebral está en juego: decisiones relevantes que se validan sin información, contratos incomprensibles, sumarios selectivos y caminos que producen más dudas que certezas.
El sofá volador que salió expulsado desde rectoría en medio de las protestas es una señal preocupante: ya nada está en su sitio.
Sinceremos la conversación
Estamos en días en que ha crecido la incertidumbre en torno a la elección de su máxima autoridad. El rector, como se sabe, perdió en el Tribunal Electoral Regional y su elección de hace tres años fue declarada nula en primera instancia. Esa decisión fue apelada y ahora debe pronunciarse el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Las especulaciones han aumentado estas semanas, pero lo cierto es que llevamos más de tres años sin saber si esta rectoría es válida o no.
Es una crisis prolongada y hoy la Usach enfrenta una encrucijada crítica. Mi posición es clara: cuando ese fallo se conozca, debe acatarse sin dilación, cualquiera sea su contenido. Cualquier alternativa distinta sometería a nuestra universidad a una presión institucional gigantesca y dañina.
Cómo llegamos a este punto
Es necesario recordar cómo llegamos a este punto. En julio de 2022, Rodrigo Vidal Rojas fue electo rector en segunda vuelta, sucediendo a Juan Manuel Zolezzi tras 16 años de este último en el cargo.
Casi de inmediato, 22 académicos impugnaron la elección ante el TER por la exclusión injustificada de más de 2.000 profesores por hora. En mayo de 2025, el TER anuló la elección y ordenó realizar un nuevo proceso en 30 días, indicando además que el rector debía cesar en el cargo.
Que ese pronunciamiento haya llegado tan tarde no fue casual. Para entonces, el expediente ya estaba entrampado desde 2022: la universidad había desplegado diversas maniobras procesales que dilataron la tramitación.
Hubo recursos ante el Tricel y el Tribunal Constitucional, lo que postergó el examen de fondo y retrasó el fallo del TER casi tres años. Peor aún, su defensa se ha hecho recurriendo a los mismos argumentos y resquicios que antaño criticó: se ha amparado en el antiguo estatuto orgánico de la dictadura (DFL 149 de 1981) y ha contratado onerosos bufetes externos para su defensa judicial.
Otra cosa distinta es la apelación de esa sentencia ante el Tricel: es una vía legítima, prevista por el sistema, y puede utilizarse. La apelación no es el problema; el problema es convertirla en una estrategia de resistencia interminable.
En 2019, cuando un primer fallo adverso afectó a Zolezzi, el entonces académico y hoy rector Vidal pidió que se repitiera la elección sin prolongar la judicialización. Lo que entonces consideraba una urgencia democrática hoy aparece, para el rector Vidal, como una demora aceptable. Esa diferencia no es jurídica; es política y, en última instancia, de integridad institucional.
Costos para la comunidad universitaria
La prolongación de esta crisis no es un asunto abstracto; ha tenido costos reales para la comunidad universitaria. En este clima estallaron conflictos estudiantiles: una toma de casi un mes y un paro que sigue abierto.
Los estudiantes cuestionan el gasto millonario en abogados y la falta de diálogo. A ello se suma la compra del Instituto Profesional Arcos, respaldada por una garantía estatal superior a $30.000 millones -percibida como operación apresurada y políticamente influida- y la exploración de un empréstito de gran magnitud, que activa temores de endeudamiento estructural y de priorización errática.
En conjunto, el cuadro es de desgobierno y desconexión: decisiones estratégicas sin transparencia, mientras la comunidad -docentes, funcionarios y estudiantes- observa con creciente escepticismo cómo la universidad parece perder rumbo y propósito.
Por todo ello, es preciso ser enfáticos: el veredicto del Tricel debe cumplirse de inmediato. Ese es el estándar que debe sostener a la USACH.
Si confirma la nulidad, habrá nuevas elecciones y fin de la incertidumbre; si valida la elección, tocará recomponer confianzas y gobernar para toda la comunidad. Lo demás -dilaciones, maniobras o terceras vías- solo prolonga el daño.
