No basta con discursos duros para enfrentar el crimen organizado, ni con fórmulas simplistas para proteger nuestras fronteras. En defensa y seguridad no se puede improvisar. Chile enfrenta hoy un escenario geopolítico complejo que exige liderazgo, experiencia y una mirada de Estado que trascienda los ciclos políticos y las disputas partidarias.

Lo vimos en terreno, en la frontera norte, donde la presión migratoria, la debilidad institucional y la presencia del crimen transnacional tensionan, día a día, la capacidad del Estado para ejercer soberanía.

La presencia militar ha sido un recurso necesario, pero sigue siendo insuficiente si no va acompañada de planificación, inteligencia integrada y conducción estratégica. La actual fragmentación entre las Fuerzas Armadas, las policías y las agencias civiles impide una respuesta eficaz y sostenida.

Necesitamos avanzar hacia una reforma del Estado Mayor Conjunto, elevando su jerarquía y dotándolo de facultades reales para conducir operaciones conjuntas dentro del territorio nacional, bajo mando civil y con visión de largo plazo. Eso no es militarizar la política migratoria; es asumir la responsabilidad de gobernar un país que exige instituciones fuertes para garantizar su seguridad.

Soberanía también se construye con tecnología e industria nacional

Pero la seguridad no se construye solo en la frontera. También se forja en nuestros astilleros, en nuestros centros de innovación, en nuestra capacidad de producir y sostener nuestra propia defensa. Chile no puede seguir dependiendo exclusivamente de proveedores extranjeros para abastecer a sus Fuerzas Armadas, especialmente en un mundo donde las cadenas de suministro son frágiles y los insumos estratégicos se usan como armas de presión.

La Política Nacional de Construcción Naval, que impulsamos desde el Congreso junto al gobierno, debe consolidarse como una política de Estado. No es una tarea sectorial, es una apuesta por la autonomía tecnológica y productiva del país.

Modernizar y fortalecer empresas como ASMAR, FAMAE y ENAER es una tarea urgente. Integrarlas con las universidades, con la industria privada y con agencias públicas para el desarrollo de tecnologías duales —civiles y militares— nos permitirá tener una defensa moderna y resiliente, y, al mismo tiempo, generar empleo calificado y valor agregado para el país.

No se trata de gastar más, sino de invertir mejor, con visión estratégica y rendición de cuentas para un país que no tenga que pedir permiso para defenderse, que no quede a merced de las tensiones internacionales o de proveedores lejanos. Quienes trabajamos desde la Comisión de Defensa sabemos que, en este ámbito, no hay espacio para voluntarismos ni slogans: hay que tomar decisiones técnicas y políticas con responsabilidad y convicción.

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La defensa nacional no puede ser rehén del cálculo electoral

Es aquí donde el liderazgo político debe marcar la diferencia. Hoy, más que nunca, se requiere una conducción capaz de integrar las distintas sensibilidades democráticas en torno a un objetivo común: proteger a Chile.

Defender a Chile no es una tarea de izquierda o de derecha. Es un deber compartido entre quienes amamos Chile y creemos en nuestro futuro. Por eso, preocupa ver cómo algunos sectores comienzan a usar el prestigio de las Fuerzas Armadas como insumo electoral, promoviendo listas parlamentarias con exgenerales y almirantes, como si el uniforme debiera convertirse en bandera de campaña. La defensa nacional no puede ser instrumentalizada: es demasiado importante como para dejarla en manos del cálculo electoral.

Jeannette Jara ha sido clara: su programa no se basa en refundaciones, sino en fortalecer las instituciones de la democracia y garantizar que Chile sea un país más justo, pero también más seguro y soberano.

Desde el Congreso, y desde nuestro rol como oficialismo, tenemos la responsabilidad de asegurar que el próximo gobierno cuente con las herramientas para enfrentar los desafíos del siglo XXI: un mundo más hostil, más incierto y más interconectado, donde la defensa de la soberanía es condición para cualquier estrategia de desarrollo.

Porque no hay desarrollo sin soberanía. No hay justicia social sin capacidad de decisión. Y no hay seguridad real si no somos capaces de construir nuestras propias respuestas. Y si hay algo que nos une a quienes hemos crecido en este país, entre cerros, valles, fiordos y cordilleras, es que sabemos unirnos para cuidar lo que es nuestro.