Como sociedad, debemos entender que no están las condiciones, ni la evidencia avala avanzar en un experimento cuyo costo con certeza lo pagarán los niños.

En la contingencia electoral no es de extrañar que cada cierto tiempo se reflote la idea de legalizar la Marihuana para uso recreativo, dando un nuevo paso al ya iniciado con el autocultivo medicinal, sin siquiera evaluar el impacto de esta reciente medida. Pero, además, desprovistos del contexto en donde la Marihuana arrasa con el espacio de bienestar, perpetuando el ciclo de exclusión total para miles de familias.

La creciente ola de legalización del cannabis recreativo en distintos países se ha presentado bajo un relato altamente seductor: control del mercado negro, regulación sanitaria y aumento de recursos fiscales por vía tributaria.

Sin embargo, desde la perspectiva de la salud pública infanto-adolescente, este proceso está lejos de ser inocuo. Se observa con preocupación las graves consecuencias que ya se está evaluando en las regiones que han adoptado esta política.

Baja percepción de riesgo, aumento del consumo

Legalizar el cannabis, aunque con prohibiciones etarias, ha reducido drásticamente la percepción de riesgo entre los adolescentes. Esto no es irrelevante, por el contrario, diversos estudios muestran que cuando baja la percepción de daño, aumenta el consumo. En efecto, en estados de EE.UU. donde el cannabis recreativo es legal, el uso frecuente entre niños y adolescentes ha aumentado hasta en un 25%, y los productos disponibles hoy –con niveles de THC que duplican o triplican los de hace dos décadas– multiplican los efectos negativos.

Los riesgos son concretos, sin embargo, invisibles para quienes desde una población -no inmersa en la vulnerabilidad y la pobreza- abogan por la legalización, sin considerar la crisis en salud mental que afecta a más de 14 mil niños y adolescentes sin cupo en el sistema de salud. Aumentos consistentes en diagnósticos de psicosis, ansiedad, trastornos de concentración y memoria, y cuadros depresivos severos en jóvenes que consumen marihuana de forma habitual, son parte de la extensa lista de patologías.

Evidencia reciente en Dinamarca, con más de siete millones de datos médicos, identificó una correlación directa entre el uso de cannabis y esquizofrenia en varones jóvenes. Lo que comienza como “uso recreativo” no pocas veces deriva en dependencia, exclusión escolar y aislamiento social.

El desarrollo de productos comestibles y vapeables con altas dosis de THC, accesibles, atractivos y difíciles de controlar, han traído en los estados con legalización un importante mercado en niños y adolescentes. No basta con etiquetarlos: los dulces de marihuana no distinguen edades. Y las urgencias pediátricas por intoxicación accidental se han triplicado en lugares como Colorado y Massachusetts, tras la legalización.

¿Legalizar la marihuana sin proteger a la niñez?

Legalizar sin proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es éticamente inaceptable, no debemos olvidar el colapso en Mejor Niñez y las listas de espera que no se resuelven, menos aún la incapacidad para instalar localmente el Sistema de Protección Integral a la Niñez sin potestad administrativa efectiva, sin oferta disponible y en los casos en que la hay, sin la evidencia suficiente para garantizar impacto positivo.

No estamos hablando de adultos informados tomando decisiones libres, sino de personas en desarrollo de su capacidad cerebral, expuestos a una industria que busca fidelizar consumidores desde edades tempranas.

Como sociedad, debemos entender que no están las condiciones, ni la evidencia avala avanzar en un experimento cuyo costo con certeza lo pagarán los niños. ¿Estamos dispuestos a las consecuencias de normalizar el consumo de una sustancia que compromete el futuro emocional, cognitivo y social de quienes es nuestro deber cuidar?

Cada vez que observamos a un niño en una banda delictiva con un fierro en las manos y absolutamente drogado, a un niño “Zombie”, privado de toda opción real de salir de esa realidad, debemos hacernos esta pregunta, ¿a quién protege la legalización?