En el contexto de una creciente preocupación por la seguridad de los establecimientos penitenciarios y los riesgos de corrupción, el parlamentario Roberto Arroyo (PSC) presentó un proyecto de ley destinado a fortalecer la integridad penitenciaria en Chile.
La iniciativa surge como respuesta a una serie de investigaciones penales recientes, entre ellas la conocida “Operación Apocalipsis“, que reveló dinámicas de colusión y corrupción dentro de los recintos penitenciarios, amenazando la efectividad del sistema de justicia.
Según lo expuesto en el proyecto de ley, múltiples informes han documentado la facilitación del ingreso de elementos prohibidos como drogas, teléfonos y otros dispositivos, gracias a redes de corrupción que involucran tanto a funcionarios penitenciarios como a civiles externos.
“Es inaceptable que los recintos penitenciarios se conviertan en espacios donde la criminalidad organizada pueda operar con impunidad. Este proyecto de ley busca cerrar las brechas de corrupción y asegurar que nuestros sistemas de control interno sean efectivos”, afirmó Arroyo.
El proyecto propone modificaciones significativas al Código Penal y a la Ley Orgánica de Gendarmería, incluyendo un endurecimiento de las penas para aquellos funcionarios que faciliten el ingreso de elementos prohibidos o que omitan denunciar su presencia en los establecimientos. Se establece una pena de presidio mayor para estos delitos y se introducen inhabilitaciones permanentes para quienes cometan tales infracciones.
Asimismo, el texto legislativo introduce medidas concretas para mejorar la trazabilidad y control de encomiendas ingresadas a las cárceles, así como la obligatoriedad de registrar digitalmente cualquier elemento enviado. Estas acciones son parte de un esfuerzo más amplio para prevenir la corrupción y asegurar que aquellos que ejercen funciones críticas en la administración penitenciaria actúen con la máxima probidad.
“El deber de denuncia y la transparencia son pilares fundamentales para restablecer la confianza en nuestras instituciones. Es esencial que adoptemos un enfoque normativo robusto que facilite una persecución penal eficaz y disuada a quienes busquen aprovecharse de su cargo”, concluyó el diputado Arroyo.
Finalmente, el proyecto contempla la implementación de mecanismos de auditoría y supervisión, así como la obligación de que los funcionarios en unidades de alta seguridad presenten declaraciones anuales de sus patrimonios y flujos financieros. Con estas medidas, se busca no solo sancionar la corrupción, sino también instaurar una cultura de integridad y responsabilidad en todos los niveles del sistema penitenciario.
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