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El proyecto de reforma al sistema político, así, tiene elementos buenos y necesarios que deben ser implementados lo antes posible, pero otros que representan un grave peligro para la institucionalidad democrática.
El día lunes 21 de abril fue despachado por el Senado la reforma al sistema político, que contempla entre sus principales modificaciones la creación de un umbral mínimo de un 5% de los votos para que un partido político pueda acceder a representación parlamentaria y el cese en el cargo del parlamentario que renuncie al partido político que lo llevó como candidato (en el caso de independientes, el que se afilie a un partido distinto del que lo llevó). Algunos comentarios sobre estos dos puntos.
En primer lugar, es una muy buena noticia el que la reforma que busca ordenar la conformación partidaria en el Senado y en la Cámara de Diputados prosiga adelante. Es indispensable reducir el número de partidos políticos pues, a diferencia de lo que se prometió durante la reforma que puso término al binominal en 2015, sus efectos no fueron en pro de la democracia, sino todo lo contrario.
Desde la implementación de dicha reforma por el gobierno de Bachelet II hasta la fecha, la aprobación de leyes y acuerdos en el Congreso Nacional se ha visto dificultada por la existencia de múltiples partidos que son manejados como verdaderas PYMES políticas, en donde el pequeño grupo de controladores vela por sus propios intereses político-electorales en lugar del bien del país.
Quizás este efecto fue previsible por los padres de esta reforma, pues fue la última reforma del set de cambios introducidos por dicho gobierno en entrar en vigencia, lo que ha hecho enormemente difícil la modificación de los efectos nocivos y perjudiciales de las reformas de Michelle Bachelet.
Esta idea no es nueva ni mucho menos original de nuestro país. Países con larga tradición democrática como Países Bajos o Alemania tienen umbrales de este estilo, precisamente porque no hay gobernabilidad posible entre múltiples partidos pequeños que luchan por el estrellato mediático, como hemos presenciado en el último tiempo en la política nacional.
Los efectos de esta primera parte de la reforma al sistema político son previsibles: los partidos políticos tenderán paulatinamente a reducirse en número y necesariamente deberán agruparse distintas facciones de izquierda y derecha en partidos más grandes, que abarquen más corrientes dentro de cada vereda política y que, en consecuencia, busquen solucionar los matices y legítimas diferencias entre sí al interior de cada partido y no en el Congreso como ocurre hoy.
¿Disciplina o castigo?
Por otro lado, la segunda parte de la reforma es el cese en el cargo del diputado que renuncia al partido que lo llevó como candidato o, en el caso de independientes, de aquel que comienza a militar en un partido distinto al que lo llevó como candidato.
Este segundo elemento es peligroso y profundamente antidemocrático. Si bien el objetivo es favorecer la disciplina partidaria, el medio utilizado para ello supone desconocer el mandato otorgado por los ciudadanos expresado en las elecciones por un mero cambio del estatus político del diputado o del senador.
Cuando se busca alterar los resultados electorales, es necesario sopesar adecuadamente el bien protegido y el medio que se utiliza. En este sentido, recordemos el reciente fallo del Tribunal Constitucional por el cual se cesa en el cargo a la exsenadora Allende.
En síntesis, ella fue depuesta del cargo por una vía contemplada en la Constitución, pues la celebración del contrato con el Estado puede significar un riesgo para la democracia, toda vez que se busca evitar conflictos de interés en una autoridad de la República y garantizar la independencia del Congreso Nacional.
En ese caso, parece plenamente justificado que todo parlamentario que cae en dicha causal sea depuesto en el cargo por el bien que está en juego: la independencia de uno de los tres poderes clásicos de nuestra República.
En cambio, la reforma busca fortalecer a un partido político por medio del cese en el cargo de un diputado o senador que renunció al mismo, cualquiera sea el motivo de dicha renuncia.
Una pregunta que se asoma inmediatamente es si la independencia del Congreso Nacional es de igual entidad que el fortalecimiento de los partidos políticos, y la verdad es que no. Si bien los partidos son útiles y necesarios para la canalización de las inquietudes de la ciudadanía en la conducción política del país, su fortalecimiento no puede ser garantizado por el debilitamiento de la institución que sirve de legitimación de su actuar.
En otras palabras, los partidos políticos no se pueden fortalecer por medio del debilitamiento del resultado de las elecciones. Los motivos para renunciar a un partido son múltiples, los que pueden ir desde una pelea personal con otro militante hasta la renuncia porque el partido político se ha desviado de los principios y valores que dice defender. En ambos casos, y en cualquier otro, quien responde a sus electores es el diputado o el senador respectivo, y solo corresponde al electorado castigar o premiar la renuncia efectuada.
En cambio, en el caso de Isabel Allende el peligro a la institucionalidad es inminente e, incluso, se puede sostener que el peligro se llega a consumar por el solo hecho de firmar el contrato con el Estado, inminencia que de ninguna manera existe en la mera renuncia de un parlamentario a un partido político.
Por lo mismo, en esta segunda parte de la reforma el medio utilizado para fortalecer a los partidos políticos no es el adecuado y se erige como una amenaza a la misma democracia que se busca fortalecer, al relativizar el peso de las elecciones libres y regulares. Esto es particularmente importante en un país en que los ciudadanos votan por una persona y no una lista partidaria cerrada, en donde la confianza se deposita en todo un partido a la vez.
Luces y sombras en la reforma al sistema político
El proyecto de reforma al sistema político, así, tiene elementos buenos y necesarios que deben ser implementados lo antes posible, pero otros que representan un grave peligro para la institucionalidad democrática.
La buena noticia es que aún es posible reparar los errores en los que se ha incurrido en la discusión en el Senado. Lo malo es que, si algo hemos aprendido de los últimos procesos electorales y discusiones legislativas, parece que nuestros representantes se caracterizan por insistir en malas ideas, a pesar de que suelen tener la mejor de las intenciones.
En primer lugar, es una muy buena noticia el que la reforma que busca ordenar la conformación partidaria en el Senado y en la Cámara de Diputados prosiga adelante. Es indispensable reducir el número de partidos políticos pues, a diferencia de lo que se prometió durante la reforma que puso término al binominal en 2015, sus efectos no fueron en pro de la democracia, sino todo lo contrario.
Desde la implementación de dicha reforma por el gobierno de Bachelet II hasta la fecha, la aprobación de leyes y acuerdos en el Congreso Nacional se ha visto dificultada por la existencia de múltiples partidos que son manejados como verdaderas PYMES políticas, en donde el pequeño grupo de controladores vela por sus propios intereses político-electorales en lugar del bien del país.
Quizás este efecto fue previsible por los padres de esta reforma, pues fue la última reforma del set de cambios introducidos por dicho gobierno en entrar en vigencia, lo que ha hecho enormemente difícil la modificación de los efectos nocivos y perjudiciales de las reformas de Michelle Bachelet.
Esta idea no es nueva ni mucho menos original de nuestro país. Países con larga tradición democrática como Países Bajos o Alemania tienen umbrales de este estilo, precisamente porque no hay gobernabilidad posible entre múltiples partidos pequeños que luchan por el estrellato mediático, como hemos presenciado en el último tiempo en la política nacional.
Los efectos de esta primera parte de la reforma al sistema político son previsibles: los partidos políticos tenderán paulatinamente a reducirse en número y necesariamente deberán agruparse distintas facciones de izquierda y derecha en partidos más grandes, que abarquen más corrientes dentro de cada vereda política y que, en consecuencia, busquen solucionar los matices y legítimas diferencias entre sí al interior de cada partido y no en el Congreso como ocurre hoy.
¿Disciplina o castigo?
Por otro lado, la segunda parte de la reforma es el cese en el cargo del diputado que renuncia al partido que lo llevó como candidato o, en el caso de independientes, de aquel que comienza a militar en un partido distinto al que lo llevó como candidato.
Este segundo elemento es peligroso y profundamente antidemocrático. Si bien el objetivo es favorecer la disciplina partidaria, el medio utilizado para ello supone desconocer el mandato otorgado por los ciudadanos expresado en las elecciones por un mero cambio del estatus político del diputado o del senador.
Cuando se busca alterar los resultados electorales, es necesario sopesar adecuadamente el bien protegido y el medio que se utiliza. En este sentido, recordemos el reciente fallo del Tribunal Constitucional por el cual se cesa en el cargo a la exsenadora Allende.
En síntesis, ella fue depuesta del cargo por una vía contemplada en la Constitución, pues la celebración del contrato con el Estado puede significar un riesgo para la democracia, toda vez que se busca evitar conflictos de interés en una autoridad de la República y garantizar la independencia del Congreso Nacional.
En ese caso, parece plenamente justificado que todo parlamentario que cae en dicha causal sea depuesto en el cargo por el bien que está en juego: la independencia de uno de los tres poderes clásicos de nuestra República.
En cambio, la reforma busca fortalecer a un partido político por medio del cese en el cargo de un diputado o senador que renunció al mismo, cualquiera sea el motivo de dicha renuncia.
Una pregunta que se asoma inmediatamente es si la independencia del Congreso Nacional es de igual entidad que el fortalecimiento de los partidos políticos, y la verdad es que no. Si bien los partidos son útiles y necesarios para la canalización de las inquietudes de la ciudadanía en la conducción política del país, su fortalecimiento no puede ser garantizado por el debilitamiento de la institución que sirve de legitimación de su actuar.
En otras palabras, los partidos políticos no se pueden fortalecer por medio del debilitamiento del resultado de las elecciones. Los motivos para renunciar a un partido son múltiples, los que pueden ir desde una pelea personal con otro militante hasta la renuncia porque el partido político se ha desviado de los principios y valores que dice defender. En ambos casos, y en cualquier otro, quien responde a sus electores es el diputado o el senador respectivo, y solo corresponde al electorado castigar o premiar la renuncia efectuada.
En cambio, en el caso de Isabel Allende el peligro a la institucionalidad es inminente e, incluso, se puede sostener que el peligro se llega a consumar por el solo hecho de firmar el contrato con el Estado, inminencia que de ninguna manera existe en la mera renuncia de un parlamentario a un partido político.
Por lo mismo, en esta segunda parte de la reforma el medio utilizado para fortalecer a los partidos políticos no es el adecuado y se erige como una amenaza a la misma democracia que se busca fortalecer, al relativizar el peso de las elecciones libres y regulares. Esto es particularmente importante en un país en que los ciudadanos votan por una persona y no una lista partidaria cerrada, en donde la confianza se deposita en todo un partido a la vez.
Luces y sombras en la reforma al sistema político
El proyecto de reforma al sistema político, así, tiene elementos buenos y necesarios que deben ser implementados lo antes posible, pero otros que representan un grave peligro para la institucionalidad democrática.
La buena noticia es que aún es posible reparar los errores en los que se ha incurrido en la discusión en el Senado. Lo malo es que, si algo hemos aprendido de los últimos procesos electorales y discusiones legislativas, parece que nuestros representantes se caracterizan por insistir en malas ideas, a pesar de que suelen tener la mejor de las intenciones.
