Chile atraviesa una profunda crisis de corrupción que no ha dejado fuera a los gobiernos locales. La magnitud de esta crisis se refleja en la evidencia empírica que incluye miles de millones de pesos defraudados, más de 200 querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado en casi el 40% de los municipios del país, y alrededor de 700 investigaciones en curso por parte de la Fiscalía en todas las regiones de Chile.
Esta situación se ve agravada por la implicación de una treintena de alcaldes de variada afiliación política, quienes han sido imputados o condenados en casos de alta connotación pública por delitos graves como fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos.
Entre los casos más notorios se encuentran los de exalcaldes de comunas tan diversas como Vitacura, Algarrobo, Antofagasta, Maipú y Ñuñoa, sin olvidar los escándalos conocidos como los casos “Luminarias”, “Cuentas Corrientes” y el pago irregular de horas extras en Las Condes.
Esta situación de corrupción endémica ha quedado patente en el reciente descenso de Chile en el Índice de Percepción de la Corrupción 2023, cayendo del puesto 27 al 29.
¿Cuáles son los factores que han propiciado esta crisis de corrupción en Chile?
En 1998 Robert Klitgaard presentó una formulación lógica sobre el fenómeno de la corrupción, el autor sostenía que Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad – Transparencia.
La relevancia de la formulación de Klitgaard es que permite abordar dimensiones específicas que potencializan los riesgos de corrupción, a saber, la existencia de un monopolio en la toma de decisiones y una alta discrecionalidad.
El modelo local de Chile, que es la principal ventanilla de atención del Estado, se estructura en torno a tres pilares fundamentales: los alcaldes, los concejales y los funcionarios municipales.
Dentro de este marco, es posible identificar tres ámbitos de discrecionalidad que, según las observaciones de Klitgaard, están contribuyendo al incremento de la corrupción a nivel local en el país.
En primer lugar, se destaca la amplia libertad de acción de la que gozan los alcaldes para llevar a cabo sus responsabilidades. Este hecho sitúa a Chile en consonancia con el modelo del “alcalde fuerte” (strong-mayor), tal como se describe en la literatura especializada.
La solidez de estos liderazgos municipales se ve reforzada en aquellos casos con “gobiernos locales de mayoría”, donde los concejales respaldan las decisiones del alcalde. Esto conduce a un debilitamiento en los mecanismos de rendición de cuentas y supervisión, constituyendo la segunda área de discrecionalidad mencionada.
Por último, diversos estudios han relevado la importancia de la transparencia en contextos marcados por un alto nivel de discrecionalidad operativa, especialmente en el ámbito de la prestación de servicios públicos por parte de funcionarios.
Este fenómeno, conocido como la discrecionalidad de los funcionarios públicos de la “burocracia de nivel de calle”, fue analizado por Lipsky (1980) y hace referencia a la capacidad de los empleados municipales, que interactúan directamente con la ciudadanía, de tomar decisiones de manera discrecional.
Lo anterior, es avalado por un entramado jurídico que carece de herramientas suficientes para fiscalizar cabalmente a las denominadas “entidades privadas” de las municipalidades; como lo son las corporaciones, fundaciones y organizaciones comunitarias; y que permite el manejo de “contratas” y “honorarios” con discrecionalidad y en base a la exclusiva confianza o afinidad política, en cargos donde debería primar lo profesional.
¿Qué acciones podemos emprender?
La respuesta reside en una estrategia que involucra la modificación de los componentes de la fórmula de Klitgaard, que se centra en disminuir tanto la discrecionalidad como el monopolio, al tiempo que promueve un incremento en la transparencia y la rendición de cuentas.
En el contexto de nuestro país, ya se observan iniciativas que persiguen este objetivo, destacando entre ellas los proyectos de ley dirigidos a la actualización de la Ley de Transparencia, conocida como 2.0, la Estrategia Nacional de Integridad Pública, así como la propuesta de reforma de la Ley de Rentas Municipales.
El problema es que el poder ejecutivo debe asignar recursos para implementar las leyes en especial esta última. No obstante, la mejora en transparencia constituye solo una parte de la ecuación.
Reducir el monopolio y la discrecionalidad reviste una importancia equivalente. Iniciativas de modificaciones respecto la elección del Administrador Municipal que sea autónomo en la gestión administrativa, un compromiso renovado de los concejales en su labor de fiscalización colegiada hacia el alcalde, evitando el gobierno de mayoría, esto es cuando el alcalde tiene en el consejo más concejales que la oposición.
La tercera parte de la ecuación la conforman los funcionarios municipales, que independientemente de su tipo de contrato, planta, contrata y honorarios, deben enfrentar en el día a día la discrecionalidad que les asiste ya que deben trabajar como señalaba Lipsky en el “la ventanilla” y en el “barro”, y aquí la ética y la integridad debe ser resguardada por un “oficial de cumplimiento”, no solo descansar en los comités o comisiones que se han ido creando en torno a corrupción municipal.
