Este trabajo de la PDI y sus brigadas de delitos medioambientales (Bidema) es una investigación profunda, de largo aliento que se encuentra en curso y que tiene resultados preliminares: la responsabilidad de dos empresas eléctricas que operan en la Región del Biobío.
Por ello, nuestro primer deber como Gobierno es poner todos los esfuerzos para mejorar nuestras condiciones de prevención y combate en el caso que este trágico escenario. Se trata de estar más y mejor preparados. Inyectar recursos como los recientemente anunciados por el Presidente Gabriel Boric en el Plan Nacional de prevención, mitigación y combate de siniestros para el período 2023-2024, cuyo presupuesto supera los 148 mil millones de pesos y aumenta un 47% respecto de la temporada anterior.
Sin embargo, no solo referimos al presupuesto del Gobierno o las instituciones del Estado y su compromiso con este plan. Claramente el sector privado tiene mucho que decir en cuestiones predictivas, correctivas y a su vez, preventivas para disminuir la ocurrencia de siniestros.
Tal como hemos evidenciado con la investigación de siete meses que llevan el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, se detectaron atisbos científicos que permiten explicar tres incendios que afectaron a las comunas de Nacimiento, Santa Juana y Arauco.
Este trabajo de la PDI y sus brigadas de delitos medioambientales (Bidema) es una investigación profunda, de largo aliento que se encuentra en curso y que tiene resultados preliminares: la responsabilidad de dos empresas eléctricas que operan en la Región del Biobío. Asimismo, Conaf con las capacidades técnicas que posee para indagar en el origen de incendios forestales, realizó otras indagatorias que llegaron al mismo resultado por un camino paralelo.
Esta es la verdadera relevancia de las comunicaciones del Ministerio Público y la PDI durante esta semana: que se está persiguiendo a quienes sean culpables, si es que los hay, independiente de quienes sean esas personas o entidades.
Porque la ciudadanía nos demanda respuestas, nos exige que cuando anunciamos una querella o acciones legales, éstas tengan un resultado. Un correlato de justicia, de preocupación y compromiso de todo el aparato estatal ante tan devastadores eventos como los acaecidos en la zona centro sur.
Pero lo más importante, además de la persecución de delitos o la fiscalización y control público o privado, es el correlato en la prevención que estos resultados nos entregan. Un indicio claro de los esfuerzos que como Estado y sociedad civil tenemos que hacer para no lamentar nuevas pérdidas de personas, de biodiversidad, de bienes materiales o de formas de vida.
Son aprendizajes que año a año debemos institucionalizar. Fortalecer al Estado, capacitar a las comunidades para prevenir, planificar mejor el territorio, pero por sobre todo, la responsabilidad de quienes mediante su operación, puedan generar las acciones preventivas que reduzcan al mínimo una nueva temporada de riesgo latente para nuestra región. Y para eso tenemos que estar todas y todos disponibles.
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