En el Ministerio Público aumentaron las denuncias de 400 en 2020 a 800 en 2022. Para enfrentar esta situación el fiscal nacional, Ángel Valencia, creó la Unidad de Delitos Sexuales y de Explotación Sexual, además solicitó la designación de fiscales preferentes en todas las regiones, quienes serán los encargados de investigar los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, entre otras medidas.
En las últimas semanas hemos visto como la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes bajo el cuidado del Estado ha vuelto a aparecer en el debate público. Denuncias sobre la inacción de las instituciones y la falta de priorización de los casos, suelen surgir cada cierto tiempo en los medios de comunicación. Sin embargo, esto parece no generar cambios en la situación que enfrentan quienes deberían ser la prioridad de las políticas públicas de infancia y adolescencia.
El diagnóstico es categórico: el Estado no ha sido capaz de responder de manera efectiva a este fenómeno. El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha recomendado que se deben adoptar numerosas medidas para erradicar estas conductas y proteger a las víctimas. Lo mismo fue recogido en los informes finales de tres comisiones investigadoras distintas de la Cámara de Diputadas y Diputados. Asimismo, diversas instituciones de la sociedad civil han manifestado esto en forma categórica en distintas instancias.
Es importante tener presente que la explotación sexual es un fenómeno complejo y con múltiples causas. Durante su corta vida, las niñas, niños y adolescentes suelen haber experimentado diversas vulneraciones y carecer de una red de apoyo adecuada para protegerlos. Por su parte, las personas explotadoras se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad para captarlas/os, ofreciéndoles una suerte de salida de la realidad que experimentan, a través de la entrega de dinero, drogas o afecto. Finalmente, la sociedad cumple un rol de cómplice pasivo, al normalizar estas conductas y al no denunciarlas ante las autoridades como Carabineros, PDI o Ministerio Público.
Debido a lo anterior, una respuesta efectiva por parte de los Estados implica abordar este problema de manera integral, enfocando prioritariamente su acción en la prevención de estas conductas. Es fundamental promover el conocimiento a la población sobre este fenómeno, capacitar a todas las personas que trabajen vinculados a la niñez y adolescencia, y otorgar herramientas a las/os mismas/os niñas, niños y adolescentes, es crucial.
Sin embargo, es importante reconocer que ningún país ha logrado erradicar completamente la explotación sexual. Por lo tanto, también es necesario que el Sistema de Justicia Penal en Chile funcione eficazmente cuando todas las acciones previas hayan fallado. Esta tampoco es una tarea fácil, debido a que es habitual que en estos casos no se cuente con suficiente información para investigar a las personas explotadoras, ni proteger a las víctimas, quienes tampoco se reconocen como tal. Tomando en consideración la complejidad del fenómeno, se hace necesario desarrollar una estrategia integral.
El desafío no es menor, teniendo presente que los ingresos al Ministerio Público por delitos vinculados a la explotación sexual han aumentado sostenidamente en el tiempo, pasando de 400 en 2020 a 800 en 2022. A pesar de esto, no se han asignado recursos financieros o humanos adicionales a las policías, el Ministerio Público o el Poder Judicial para enfrentar este flagelo.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando asumió el actual fiscal nacional, Ángel Valencia, se preocupó de crear una Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Explotación Sexual dedicada a asesorar a los fiscales en esta materia. Como director de la Unidad, hemos estado trabajando en un plan de acción específico para el combate de la explotación sexual, con un énfasis en aquellas víctimas que se encuentran en centros residenciales. El foco ha sido generar una estrategia que se proyecte en el tiempo, que reconozca la necesidad de generar capacidades investigativas en todo el territorio, y que responda a las realidades específicas de cada región o localidad.
Dentro de las acciones realizadas, está la solicitud del fiscal nacional para designar fiscales preferentes en todas las regiones, que serán los encargados de investigar los casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se han establecido instancias de coordinación permanente con otras instituciones del Estado, como el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
Por otro lado, desde julio de este año, el Estado cuenta, por primera vez, con un protocolo de acción que entrega un marco de actuación claro, que busca mejorar la efectividad de la persecución penal. La herramienta es fruto del trabajo de diversas instituciones, liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público.
Si bien el combate contra la explotación sexual es un desafío arduo y de largo aliento, se espera que los últimos avances sean parte de una política de Estado permanente en el tiempo, y que implique una mejora en la situación que enfrentan las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
