Entre el escándalo y la vocación, una pequeña defensa al servicio público

Señor director:

La reciente y oportuna revelación de la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas por parte de más de 25 mil funcionarios públicos, difundida ampliamente por la prensa, genera comprensiblemente cuestionamientos y desconfianza hacia el aparato estatal. Sin embargo, es necesario recordar que no se puede juzgar a todo el servicio público por los actos reprochables de una minoría.

En Chile, miles de funcionarios desempeñan su labor con vocación, compromiso y profesionalismo. Hay médicos, ingenieros, economistas y abogados que, pese a contar con mejores opciones salariales en el sector privado, eligen quedarse en el sistema público para marcar una diferencia en la vida de quienes más lo necesitan.

Técnicos y administrativos altamente competentes también deciden aportar desde el Estado, impulsados por el deseo de construir un país más justo y equitativo. Conductores, auxiliares, digitadores, secretarias, inspectores y personal de apoyo que, sin contar con un título profesional, cumplen funciones clave con esfuerzo, responsabilidad y orgullo por servir a la ciudadanía.

Entre el escándalo y la vocación, una pequeña defensa al servicio público

Los logros históricos de Chile en salud pública, como la drástica disminución de la mortalidad infantil, el aumento sostenido de la esperanza de vida y las exitosas campañas de vacunación masiva, o incluso el éxito reconocido internacionalmente en la lucha contra el COVID-19, no habrían sido posibles sin funcionarios que día a día hacen bien su trabajo.

Más allá de las diferencias ideológicas sobre el tamaño que debiera tener el Estado, existe un consenso transversal en que Chile necesita servicios públicos eficientes, confiables y con legitimidad ante la ciudadanía. Ninguna visión política seria, podría pretender prescindir de una administración pública que garantice derechos básicos, coordine emergencias, planifique el desarrollo territorial o asegure el acceso igualitario a los servicios básicos, la educación, la salud o la justicia.

Sin caer en clichés ni idealizar, pensemos en el profesor rural que viaja kilómetros para llegar a una escuela donde le toca ser psicólogo, líder social y figura paterna. En las funcionarias del Registro Civil que orientan con paciencia a adultos mayores y migrantes. En la secretaria del juzgado que escucha y ayuda a personas abrumadas ante un proceso judicial. En la bibliotecaria de pueblo que se emociona al ver a un joven descubrir el gusto por la lectura. El chofer que transporta pacientes entre localidades alejadas, o en la auxiliar de aseo que garantiza condiciones dignas en escuelas y hospitales. En los miles de funcionarios que operan con rigor, puntualidad y sentido del deber en cada rincón de Chile.

Hoy pareciera políticamente incorrecto defender al sistema público en medio de tantos cuestionamientos, pero es fundamental reconocer, valorar y fortalecer a quienes sí hacen su trabajo con profesionalismo, dedicación y excelencia. Defender el servicio público no significa encubrir irregularidades, al contrario, se trata de exigir más control, mejores mecanismos de fiscalización y sanciones efectivas. El país no puede darse el lujo de debilitar su función pública por culpa de unos pocos que no están a la altura.

Juan Pablo Uribe
Ingeniero Civil Biomédico
Angol