La Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que acogió la demanda por indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual interpuesta por una mujer que acusó que, en 2021, unas vecinas le dejaron haces de perro en la entrada de su departamento, y quienes deberán pagar $2 millones.
Todo se remonta al 7 de febrero de 2021, alrededor de las 19:00 horas, cuando la demandante estaba en su hogar y dos vecinas del primer piso de su edificio llamaron a su puerta con golpes de pies y puños, gritando de forma “agresiva, violenta y grosera“.
Luego de que se retiraron estas mujeres, la denunciante salió de su hogar y advirtió “que había excremento de perro en la entrada de su departamento“, señala el fallo del 2.º Juzgado Civil de San Miguel con fecha 24 de marzo de 2024.
Esta situación se habría originado en mayo de 2020, cuando las vecinas llegaron a vivir al edificio, ocasionándose el conflicto por la caída de prendas desde el domicilio de la denunciante.
Por esta razón, las vecinas demandadas advirtieron en un grupo de vecinos que, si caía otra prenda al mismo lugar, “pondrían excremento de animal en la puerta del propietario de tales prendas, lo que finalmente hicieron“.
Los hechos no quedaron ahí, pues el mismo 7 de febrero de 2021, las demandadas acusaron a la denunciante de dejar caer gotas de pintura mientras pintaba la fachada de su departamento.
Ante la agresividad de la acusación, la demandante dejó constancia de lo ocurrido en conserjería y llamó a Carabineros. Minutos después, recibió aviso de que personal policial había llegado, sorprendiéndose con que en el primer piso estaban las dos vecinas y otra del segundo piso, también demandada.
Ahí la agredieron, empujándola contra un muro y golpeándola con manotazos y puños.
Demanda por agresiones y heces de perro fuera de departamento en San Miguel
Tras ser ayudada por una vecina, la denunciante constató lesiones a las 22:15 horas del mismo día en el Hospital Barros Luco.
Luego de esto, decidió denunciar lo ocurrido el 12 de mayo de 2021, y la Fiscalía Sur ordenó una medida de protección el 19 de mayo por 30 días.
Posteriormente, el 21 de octubre, se presentó la denuncia contra las agresoras en el 11.º Juzgado de Garantía, formalizándolas por el delito de lesiones menos graves en calidad de autoras y grado consumado.
En audiencia, el 18 de enero de 2022, se suspendió de forma condicional el procedimiento a favor de las tres imputadas, con prohibición de acercarse a la víctima.
Tras esto, la afectada solicitó indemnización de perjuicios por daño moral, la que fue acogida el 24 de marzo de 2024 por el Tribunal Civil de San Miguel, condenando a las tres imputadas a pagar $2 millones.
El fallo fue impugnado ante la Corte de Apelaciones de la misma comuna; sin embargo, el tribunal de alzada confirmó la sentencia el 24 de julio de 2025.
Por último, se interpuso un recurso de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema. Finalmente, el 2 de octubre, el máximo tribunal declaró inadmisible el primero y rechazó el segundo, confirmando la indemnización por concepto de daño moral.
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