La Fiscalía Occidente y la PDI entregaron más antecedentes del masivo operativo en siete regiones del país, que culminó con la desarticulación de una banda —ligada a la pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda— dedicada al robo de camiones y maquinaria. Además, tenían contactos con funcionarios municipales, vínculo que les permitía obtener permisos de circulación para los vehículos sustraídos a cambio de entre $100 mil y $200 mil por cada unidad.
En un comunicado, la Fiscalía Occidente señaló que la investigación permitió establecer que la organización criminal permeó varias instituciones públicas. El grupo mantenía nexos con trabajadores de departamentos de tránsito de distintas municipalidades, lo que les facilitaba conseguir los permisos fraudulentos por las sumas señaladas.
Esta red delictual, compuesta por tres clanes familiares, fue desbaratada tras cerca de 40 allanamientos. La mayoría se concretó en la región Metropolitana, principalmente en San Bernardo, además de las regiones de Arica, Tarapacá, Valparaíso, Biobío, Los Lagos y La Araucanía.
De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público, se pidieron 29 órdenes de detención, finalizando el operativo con 28 capturas. En el procedimiento también se incautaron 98 camiones, maquinaria y grúas, junto con automóviles adquiridos por la agrupación para ocultar recursos obtenidos de ilícitos. A ello se sumó el decomiso de nueve armas de fuego (una de ellas inscrita).
La formalización de los aprehendidos (24 hombres y 4 mujeres) será este jueves 21 de agosto en el Juzgado de Garantía de San Bernardo. Asimismo, se pedirá el “congelamiento” y/o alzamiento de 140 productos bancarios, entre ellos más de 50 cuentas corrientes.
Entre los delitos imputados figuran asociación ilícita, robo con intimidación, robo en lugar no habitado, hurto en bienes nacionales de uso público, receptación de vehículos y especies, falsificación de documentos públicos, uso malicioso de facturas u otros documentos falsos, extorsión, evasión tributaria y lavado de activos.
Modus operandi y delitos imputados
La investigación, liderada por el fiscal adjunto de San Bernardo, Rubén Salas, acreditó que la organización venía operando al menos desde 2020. El proceso contó con apoyo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) y la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI. También fue clave la labor del Servicio de Impuestos Internos (SII), que permitió comprobar la creación y movimientos de empresas de fachada.
Con el conocimiento en transporte y uso de maquinaria, la banda “encargaba” y “ofrecía” ciertos modelos de camiones a menor valor de mercado. Tras ser sustraídos, eran llevados a lugares de acopio donde se “descansaban”, contando con receptores habituales. Allí los desmantelaban, modificaban y adulteraban para darles apariencia de legalidad.
De esta forma, se generaba documentación para clonarlos o “gemelearlos“. Posteriormente, realizaban el contacto con compradores o arrendatarios que adquirían los bienes y los reinsertaban en el mercado formal.
La red criminal sustraía camiones con grúas hidráulicas y retroexcavadoras. Producto de estas operaciones, el patrimonio ilícito acumulado bordea los $10 mil millones.
Para acreditar los hechos se realizaron diversas diligencias: interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, posicionamientos georreferenciados, seguimientos, vigilancias, registros fílmicos e imágenes de imputados. Además, se utilizó tecnología GPS y drones, entre otras acciones investigativas.
Autoridades por masivo operativo contra banda que robaba camiones
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, indicó que se trata de una investigación de años de data, reactivada hace un año con información residual.
“Lo que permitió establecer, definir, generar un conocimiento de toda la estructura criminal vinculada desde la sustracción, blanqueo mecánico, documental y posterior venta de maquinarias, en particular vehículos de alto tonelaje y maquinaria especializada“, señaló Cerna.
En tanto, el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, sostuvo que el proceso investigativo se desarrolló en distintas etapas.
“Ellos aparentaban actividades lícitas, pero en realidad lo que hacían era tener este negocio ilícito que provoca gran lesividad porque estamos hablando de maquinaria importante, para la producción y para el transporte”, declaró.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que los resultados del trabajo del Ministerio Público y la PDI “es una respuesta a una demanda que había sido planteada recurrentemente por parte de los gremios del transporte“, sostuvo.
Enviando corrección, espere un momento...
