El directorio de Clínica Las Condes (CLC) reveló que tomó conocimiento de la auditoría hecha al centro de salud y filiales, que se relaciona con la anterior administración de Alejandro Gil, antes de la venta cerrada en la primera mitad de este año.
En este sentido, según se detalló en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el análisis reveló diversas irregularidades, por lo que adelantaron que tomarán “las acciones judiciales y administrativas que correspondan contra los responsables de estos hechos”.
Además, por estas inconsistencias la compañía se verá obligada a ajustas sus estados financieros tanto del 2023 como 2024.
Las inconsistencias contables encontradas en Clínica Las Condes (CLC)
Al respecto, se apunta que “la auditoría evidenció registros manuales injustificados y otras prácticas contables incorrectas”, que tuvieron un impacto en los estados financieros consolidados del 2023 y 2024.
Tal afectación se estimó en los $34.633.941.559.
Por otro lado, se encontraron otras inconsistencias contables, cuyo efecto preliminar asciende a cerca de $38.158 millones, por lo que se encargó otra auditoría forense independiente. En esta línea, adelantan que la cifra podría variar según el resultado.
“Ambos hallazgos implicarían la necesidad de realizar ajuste y de re expresar los estados financieros de los ejercicios 2023 y 2024 por una cifra aproximada de $72.791.941.559 en menor patrimonio”, reconoció CLC.
Considerando todo lo anterior, es que el directorio tomó la decisión, por unanimidad, de ejercer las acciones judiciales y administrativas correspondientes.
En el hecho esencial, se agregó que durante el 2025 el directo encargó las tasaciones de propiedades, plantas y equipos a un tercero independiente, lo que “generaría un efecto positivo en el patrimonio de $71.588.955.093. Como resultado, el efecto neto de los ajustes por los hallazgos indicados y la retasación de los activos se estima en $562.010.120 negativos”, concluyó el documento.
A inicios de enero, se reveló que la Clínica Las Condes pasaría a estar controlada por un pacto conformado por los dueños de Clínica Indisa y EuroAmérica, donde ambos se repartieron el 55,75% de las acciones de CLC que estaban en propiedad de Cecilia Karlezi, quien a su vez, tenía representación en el directorio mediante Alejandro Gil.
Y si bien en 2024 Gil había enfrentado la formalización por presuntos delitos de apropiación indebida, en agosto de este año Pulso reveló que la CMF abrió un proceso sancionatorio en su contra por una infracción a la Ley N° 18.046 de Sociedades Anómicas.
Los cuestionamientos del regulador surgen porque él presentó una querella criminal contra el exCEO de la Clínica, Freddy Jacial, antes de la firma del acta de la sesión del directorio que lo autorizaba.
Según la CMF, consignado por Pulso, esto significa una falta a su deber de diligencia, mientras que la defensa del exPresidente del centro médico afirma que el empresario tenía los poderes suficientes para representar a la compañía y que el acta se firmó luego, ratificando la decisión unánime de la mesa directiva.
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